San Cristóbal de las Casas, Chis., 25 de julio. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) llamó al gobierno estatal, y a fundaciones como Azteca y Fomento Social Banamex, a que investiguen posibles fraudes en la construcción de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva. También instó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos (CNDH y CDH) a que valoren las recomendaciones respecto de los detenidos un año atrás en Tecpatán y Frontera Comalapa, pues sufren un proceso injusto.

Hace tres años, un desastre hizo desaparecer la comunidad Juan de Grijalva (Ostuacán) y hasta hoy, fuera de brindar la oportunidad al gobierno para poner en marcha las muy ponderadas ciudades rurales, no se han resuelto los problemas en la zona. Al desastre del cerro desgajado en noviembre de 2007 sobre el río Grijalva se agregó la errónea estrategia de desazolve de Conagua y CFE, que mantuvo tres meses bajo el agua 404 casas de 33 pueblos. Los gobiernos estatal y federal, CFE, Conagua y fundaciones privadas aportaron recursos, programas de ayuda, indemnizaciones y compraron terrenos. Para Limeddh, son de aplaudir las iniciativas para ayudar a damnificados, mas le preocupa que se haga sin considerar la opinión y necesidades de la población. Tras una investigación de tres años, la Limeddh encontró allí irregularidades y conflictos sociales por abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos.

Destaca la baja calidad en la construcción de la ciudad rural, en contraste con los avalúos del catastro estatal, donde se especifican materiales mejores que los que utilizados, situación que lleva a suponer un fraude millonario. Además, los pobladores manifiestan descontento por la lejanía entre las casas y sus tierras, y la inexistencia de espacios para cultivo o cría de animales. Sin capacidad para activar la economía interna, enfrentan desintegración social: mientras las familias deben habitar las casas para no perderlas, como reza el contrato, los hombres emigran en busca de empleo.

El estudio encuentra falta de seguimiento de la entrega de recursos y la expropiación de terrenos, y una distribución irregular de las aportaciones. Ello crea bandos, conflictos y un ambiente de miedo. Los damnificados denuncian incumplimiento de compromisos estatales y municipales, abusos policiacos y presiones contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la ciudad rural.

Hace un año, ante protestas en Tecpatán y Frontera Comalapa, las autoridades respondieron de manera brutal e indiscriminada, dice la Limeddh, y reivindica tanto a los presos de conciencia como a los injustamente asociadas a motivos políticos.

Ante la falta de respuesta, los afectados se han visto en la necesidad de organizarse. Hay acoso contra quienes se mantienen en lucha en las comunidades, y 32 procesados. A los detenidos se les imputan delitos graves para retenerlos en prisión y mostrar lo que puede pasar, ahogando el descontento por el tapón del Grijalva.

Más de 300 familias, hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas construidas como refugio temporal, aún esperan la construcción de su prometida ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

El informe fue presentado los primeros días de junio al Ejecutivo estatal, CFE, Conagua, CNDH y CEDH, así como se hará con las fundaciones e instituciones privadas. El 16 de julio, el secretario de Gobierno Noé Castañón dijo desconocer la existencia de inconformidades.