León, Gto., 25 de julio. Las quejas contra el Ejército Mexicano se incrementaron en Guanajuato de tres a 42 entre 2006 y 2010, es decir, mil 400 por ciento, informó Gustavo Rodríguez Junquera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).

El ombudsman indicó que recibió en los cinco años y medio anteriores casi cien quejas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que irrumpieron sin órdenes de cateo en viviendas, además de que lesionaron y arrestaron arbitrariamente a civiles.

Detalló que en 2006 recibió tres quejas; dos en 2007; la cifra se elevó a 11 en 2008; en 2009 se documentaron 32 quejas; en 2010 se integraron 42 expedientes, y en lo que va de 2011 se han tramitado siete reclamos.

Cada vez la gente tiene más conciencia de sus derechos, y de reclamarlos cuando son violentados; por otra parte, el Ejército hace funciones de seguridad y llega a violentar derechos humanos o de molestar a los ciudadanos con su actuar, dijo.

A partir del incremento en querellas en contra de la milicia, la PDHG capacitó a mil 200 integrantes de la 16 Zona Militar, desde generales hasta soldados rasos, informó Rodríguez Junquera.

Consideró que al parecer, el trabajo del organismo a su cargo ha rendido frutos, pues en el primer semestre del año sólo ha recibido siete querellas. Una sola queja es importante y relevante para actuar, pero sí vemos que el número se ha reducido significativamente, comentó.

Entre otros casos documentados en la entidad, el primero de agosto de 2008, en la ciudad de León, 25 soldados irrumpieron en la vivienda de Bernardino Parra, a quien arrestaron; además golpearon a su esposa, a su hija de siete años y a su hijo de 14.

Inventaron que vendía droga

Me decían que vendía droga. Destrozaron los muebles y la casa buscando droga, dijo Bernardino a La Jornada en febrero de 2009, después de estar encarcelado siete meses por vender estupefacientes, acusación que el Ejército Mexicano no acreditó.

Al quedarse sin sustento, Margarita Reyes, esposa de Bernardino, debió planchar y lavar ropa ajena, así como vender dulces en la calle, mientras su hijo lavaba autos y debió dejar a su hija en un orfanato.

Otro caso sucedió el 18 de agosto 2009, cuando un comando militar a bordo de camionetas sin matrícula llegó a la comunidad Tomelopitos, municipio de Irapuato, donde allanaron tres viviendas y encañonaron a sus moradores.

Me estuvieron interrogando. Mientras revisaban la casa le preguntaban a mi esposa dónde estaban la droga y las armas, y le dijeron que me iban a llevar si no les daba dinero, afirmó Ángel García Aza. Sostuvo que soldados lo tiraron al piso, y un militar le puso una bota en la cabeza, para que no viera qué hacían los demás uniformados.