El arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, denunció ayer que los principales agresores de los defensores de los derechos humanos son los integrantes del crimen organizado y también el Estado por conducto de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, quienes intentan intimidarlos para que no sigan denunciando los abusos y las violaciones que cometen contra los migrantes.

Durante la presentación de un informe sobre la situación de los protectores de las garantías fundamentales, Romo Muñoz demandó mecanismos de protección para ellos, así como que las procuradurías General de la República y las estatales eviten la impunidad en las agresiones cometidas en su contra.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, agregó que México es un país de riesgo para el trabajo en favor de los migrantes y para quienes transita por su territorio en busca de llegar a Estados Unidos.

Rubén Camarillo, senador panista por Aguascalientes, reconoció que las medidas adoptadas para proteger a los defensores de derechos humanos no han sido suficientes y destacó que en el Senado se trabaja en una iniciativa de ley en esta materia, que estará lista en septiembre próximo cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones.

Resaltó que quienes velan por los migrantes sufren una situación de violencia y vulnerabilidad, por lo cual es necesario que el Senado impulse una ley para protegerlos.

El Congreso, agregó, debe tener un papel más activo ante este problema. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante una realidad que nos atropella a todos y nos indigna a todos, enfatizó.

Rafael Romo señaló que la falta de una atención oportuna ante la violencia e inseguridad ha generado un incremento en el número de ataques contra los defensores de derechos humanos. De 18 incidentes de riesgo registrados en cinco años (2004-2009), se pasó a 46 en año y medio (2010 y lo que va de 2011).

Sumado a ello, fueron asesinados dos defensores de migrantes, mientras otros han sido amenazados, golpeados, hostigados y acusados penalmente por su labor de denuncia. Uno de ellos se tuvo que exiliar y, por falta de seguridad, una casa del migrante y un centro de derechos humanos se vieron obligados a cerrar.

Frente a este panorama, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha otorgado 13 medidas cautelares, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió tres. Por su parte, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha difundido alertas urgentes sobre el tema, y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es acompañada por brigadas internacionales de paz.

El arzobispo de Tijuana demando a los gobiernos federal, estatales y municipales, que desarrollen campañas de prevención sobre el secuestro de migrantes; que se analice suprimir el requisito del visado a los transmigrantes, y se investiguen los raptos de estas personas.

El responsable de la dimensión pastoral pidió la creación de una fiscalía que atienda los delitos que se cometen contra los migrantes y se desarrolle una estrategia de reparación del daño a las víctimas.

Alberto Herrera, representante de Amnistía Internacional, recordó que hace dos años el secretario de Gobernación se comprometió a crear un mecanismo de protección para los defensores de los derechos humanos, pero hasta la fecha nada se ha concretado.