No todos los sancionados por el Instituto Federal Electoral (IFE) pagan sus multas. En el caso de empresas y personas físicas, el organismo impuso sanciones, en conjunto, por 203.6 millones de pesos, pero está pendiente de hacer efectivo el cobro de 181.4 millones de pesos, esto es, se ha recuperado sólo 10.9 por ciento de ese monto.

De un total de 118 multas que el IFE ha impuesto a personas físicas y morales, por violar la ley electoral, 112 están en firme, es decir, confirmadas tras litigios judiciales. De éstas, 69 fueron remitidas –para su cobro– al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que los implicados no han pagado –o se negaron a hacerlo– en las oficinas del instituto.

Se informa que se hizo necesaria la remisión de 69 multas a la autoridad hacendaria para su cobro, las que comprenden un monto de 203.6 millones de pesos, señala la secretaría Ejecutiva del IFE en un documento que presentará al Consejo General en la sesión del lunes próximo.

Los sancionados son principalmente empresas, dentro del rubro de sujetos sancionables adicionales o independientes a los partidos políticos.

El texto que se dará a conocer, a petición del consejero Marco Antonio Baños, precisa que de las 69 multas, 21 corresponden a personas físicas que en conjunto fueron sancionadas por 806 mil pesos, y el resto personas morales que, en conjunto, representan multas por 203.6 millones de pesos. De esa cantidad, 22.1 millones son recuperados y, el resto, (181.4 millones) está en proceso de ejecución de cobro.

A escala general, el IFE ha impuesto –durante el periodo 2008-2011– 121 multas a instancias distintas a los partidos, como producto de los resolutivos de 75 expedientes relativos a procedimientos ordinarios y especiales sancionadores.

Las 112 que están en firme son por 213.4 millones de pesos; las que siguen en litigio son seis, con un monto de 55.3 millones de pesos, para hacer un gran total de 268.8 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del IFE, del total de multas saldadas, 40 se hicieron efectivas mediante pago voluntario entregado en la dirección administrativa del organismo, por 2 millones de pesos, mientras 28 requirieron de cobro coactivo, con la intervención del SAT, por un total de 22.1 millones de pesos.