Jalapa, Ver., 22 de julio. Los veracruzanos están protegidos por la ley y las instituciones, y su gobierno tiene un compromiso claro para procurar eficientemente la justicia e impartirla con base en leyes nobles, con un nuevo sistema que privilegie la rapidez, la transparencia y la certeza, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Al presidir la reunión del consejo consultivo para la aplicación del sistema de justicia penal, el jefe del Ejecutivo estatal expresó que la eficiencia y la eficacia judicial son condiciones indispensables para el bienestar social.

En presencia de diputados locales e integrantes del Poder Judicial, Duarte de Ochoa exhortó a los legisladores a acelerar el proceso para alcanzar cuanto antes los acuerdos que hagan posibles las reformas pertinentes en materia judicial.

Dijo que perseguidores del delito, juzgadores y hacedores de leyes nos alineamos para avanzar en sincronía hacia un nuevo sistema de justicia penal, con la participación del sector académico, representado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y la colegiación de los profesionales del derecho en el estado.

Explicó que el mandato constitucional pide establecer a plenitud el nuevo modelo penal a más tardar en 2016, y que si se avanza por el rumbo que Veracruz lleva, se podrá alcanzar este objetivo antes y, desde luego, el soporte del consejo federal de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal.

Duarte de Ochoa indicó que por lo que compete al Poder Ejecutivo, les puedo asegurar toda la determinación de hacer lo necesario para lograr la transformación de nuestro régimen de justicia.

Dijo que un paso fundamental ha sido la nueva Ley de Responsabilidad Juvenil y recordó que en abril inauguró en Palma Sola una nueva sede de los juzgados de esa materia, donde los procesos orales ya son realidad. Las figuras de jueces de garantías y de ejecución, incorporadas en esa Ley, son un buen modelo para tomar en cuenta, indicó.

La capacidad del Estado de castigar los ilícitos es un ingrediente indispensable de la gobernabilidad, porque la sociedad quiere procesos penales en los que pueda confiar, que protejan a las víctimas, al tiempo que se respeten las garantías de los acusados, concluyó.

Rocío Ayala Contreras, secretaria técnica del Consejo Consultivo, anunció que fueron dos los proyectos aprobados por la Federación: uno, diseñar un plan integral para implementar de manera gradual el sistema de justicia penal en el estado, que considere los cambios y adecuaciones de acuerdo a las características y condiciones necesarias para operar el nuevo sistema de justicia penal.

El segundo es el plan integral para el desarrollo de modelo de gestión en el estado, cuyo objetivo principal es diseñar un nuevo modelo de gestión que considere la reorganización del sistema de seguridad y justicia, con el fin de transformar el sistema inquisitivo a uno acusatorio y adversarial, basado en un enfoque de procesos adecuado a las nuevas funciones de los órganos operadores.

El presupuesto que se autorizó para estos proyectos es de 6 millones 470 mil pesos”, informó.