En los poderes Legislativo y Judicial hace falta conocimiento de lo que son las fuerzas armadas, pues no existen garantías para soldados o marinos en el combate a la delincuencia organizada, y la posibilidad de que sean juzgados en tribunales civiles ha traído desmoralización en las tropas, afirmó el general de división en retiro Luis Garfias Magaña, especialista en seguridad nacional y ex diputado federal.

En entrevista con La Jornada, el militar aseguró que los soldados o marinos que son enjuiciados en tribunales castrenses alcanzan penas más altas que en el ámbito civil, y añadió que en cualquier caso en el que un integrante de las fuerzas armadas, del rango que sea, es sentenciado a más de dos años de prisión, es despedido del cargo, lo que se traduce en la pérdida de la antigüedad y los derechos.

En cambio, cuando son procesados por autoridades civiles, los presuntos responsables conservan su antigüedad y cuando purgan su pena pueden solicitar su reingreso a las fuerzas armadas o alcanzar situación de retiro, afirmó el general de división en retiro, quien desde hace varios años ha propuesto que “en lugar de estas campañas contra la delincuencia organizada, en que no existen garantías para los militares o marinos, se ponga en funcionamiento el artículo 29 constitucional, que establece la suspensión de garantías, y para evitar que se cometan abusos, que sean supervisados por visitadores de derechos humanos estatales o nacionales.

“Si los militares o marinos están en las calles no es por su gusto, sino por la situación tan complicada de corrupción, incapacidad y falta de preparación que enfrentan las corporaciones policiacas. El Presidente los envió a las calles a combatir a los delincuentes conforme lo establece la Constitución en su artículo 89 y el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, que mencionan que el jefe del Poder Ejecutivo podrá disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para mantener la seguridad interior.

“Tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo existe desconocimiento de lo que son las fuerzas armadas y las leyes que las rigen. En las comisiones de la Defensa Nacional y de Seguridad los presidentes no saben las normas que rigen a la milicia ni tampoco el porqué del fuero militar, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace mucho tiempo que no hay un militar que haya llegado como ministro al máximo tribunal, como fueron los casos de Alberto Jiménez Castro y Carlos García Vázquez, que podían dar muestra de lo que son las fuerzas armadas.

“A pesar de todo, la modificación que hizo la SCJN no impacta tanto en el fuero militar; sin embargo, ha provocado mucha desmoralización, pues quienes tienen la obligación de legislar y supervisar el cumplimiento de las normas no conocen esas leyes ni su razón ni su importancia, y mucho menos prestan atención a que en esta lucha han muerto cientos de soldados, que en muchos casos solamente ganaban 10 mil pesos al mes, y tampoco atienden que hay decenas de militares desaparecidos.

Es verdad que se han cometido errores y excesos, pero en la mayoría de las acciones se han obtenido resultados positivos y se ha actuado con apego a la ley y respeto a los derechos de los ciudadanos. Los abusos y excesos se castigan en la milicia. No es verdad que en los tribunales castrenses la ley sea más blandita, por el contrario, concluyó.