Chilpancingo, Gro., 18 de julio. Alberto López Rosas y Juan Alarcón Hernández, procurador de Justicia y titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum), respectivamente, avalaron la apertura de expedientes de la guerra sucia librada en el estado durante los años 70 como planteó la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de la Violación de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez.

Entrevistados por separado, señalaron, sin embargo, que nadie ha solicitado formal acceso a los archivos y hasta el momento sólo hay declaraciones como la de la activista e hija de Rosendo Radilla Pacheco, luchador social desaparecido en agosto de 1974 en el municipio de Atoyac de Álvarez, cuyo caso dio lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, y antecedió a la reciente disminución del fuero militar.

El ombudsman guerrerense recordó que la extinta Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado tuvo acceso a los expedientes de la guerra sucia en Guerrero, aunque no se logró el éxito que se esperaba ni fueron sancionados los responsables de la represión, y el manoseo de los documentos, agregó, pudo implicar la desaparición de elementos probatorios, pero aun así es necesaria cuando menos una sentencia moral que se espera emita la Comisión de la Verdad, de próxima fundación.