La empresa Controladora Vía Rápida Poetas, API de CV, responsable del proyecto de la supervía poniente ya pagó la multa que se le impuso y presentó el estudio de impacto ambiental de la zona, por lo que obtuvo la autorización –de forma condicionada– para poder emprender la construcción de esa vialidad, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La instancia federal dio a conocer mediante un comunicado que, después de que los trabajos y actividades de construcción de la supervía fueron detenidos el 5 de abril pasado, se inició un procedimiento administrativo en contra de la empresa responsable, ya que carecía de la autorización federal en materia de impacto ambiental.

Debido a esa situación, continúa el documento, Controladora Vía Rápida Poetas se hizo acreedora de una multa y como medida precautoria se impuso la obtención de la autorización faltante.

Fue así que la empresa pagó la multa y obtuvo la autorización de impacto ambiental en tiempo y forma, aunque de forma condicionada, ya que deberá realizar acciones compensatorias al medio ambiente.

Al respecto, Luis Fernando García, de Litiga Ole, una de las organizaciones que ha impugnado el proceso de construcción de la supervía poniente, consideró que el estudio de impacto ambiental que presentó la constructora es ilegal y deficiente; también es necesario que la Profepa aclare el monto exacto de la multa que impuso a la empresa; que informe sobre 16 hectáreas de suelo forestal destruido y por qué no se ha presentado el estudio de impacto ambiental del terreno, dado que la tala de ese espacio constituye un delito grave que amerita sanciones penales.

Para Miguel Valencia, de Ecomunidades, los estudios de impacto ambiental en México han sido siempre una burla, ya que las normatividades han apoyado siempre a las empresas. Consideró que dadas las circunstancias y la falta de sensibilidad de las autoridades, la siguiente acción que debe tomarse es la “denuncia internacional, ya que es la única manera de detener la supervía”.