La organización Sin Fronteras advirtió que en la deportación del académico colombiano Miguel Ángel Beltrán –en mayo de 2009– se acreditó ante un juez que el gobierno mexicano rechazó una solicitud de asilo, lo que rompe con todos los preceptos y leyes en la materia que debió acatar México.

De manera independiente al proceso jurídico que se siguió a Beltrán en su país (fue absuelto tras dos años de permanecer en una cárcel de máxima seguridad, La Jornada, 11 de julio 2011), este caso puso en evidencia los riesgos de privilegiar la seguridad nacional por encima de otras circunstancias, como una solicitud de asilo, lo que rompe toda la tradición de México en la materia.

“Cuando el gobierno da prioridad a la seguridad nacional, pasa por encima de gente como Miguel Ángel sin haber seguido las formalidades –de un tratado de extradición, por ejemplo–, incluso cuando el inculpado tenga acusaciones de tipo penal en México o el extranjero”, señaló Perseo Quiroz, subcoordinador de defensoría de Sin Fronteras.

Esta organización civil dedicada al auxilio de extranjeros señaló que aunque el caso de Beltrán es emblemático, no es el único. La deportación en referencia y otras que han ocurrido en los años recientes tampoco pasan por el procedimiento que dictan la ley y la operación del sistema judicial.

“En cambio –añadió Quiroz–, se echa mano de una institución opaca, sin controles, como el Instituto Nacional de Migración (INM), para dar la vuelta a los derechos y convenciones firmados y ratificados por México, especialmente para el caso del refugio”, indicó.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la ilegalidad y violación a las garantías básicas cuando se privilegian los criterios de seguridad nacional.

Cuando Beltrán fue deportado se promovió en México un amparo directo para evitar la expulsión, trámite que derivó en dos demandas: una por la propia devolución y otra por el rechazo del gobierno mexicano a aceptar su solicitud de asilo.

En el segundo caso, el juez acreditó que el extranjero solicitó el asilo, petición ignorada por las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

Como informó este diario, el colombiano demandará su retorno a México –por medio del asilo– y analiza la vía para exigir la reparación del daño, porque asegura que fue objeto de tortura y vejaciones sicológicas de agentes mexicanos.

En su momento, el juez de distrito avaló la existencia de una solicitud de asilo y, en consecuencia, la negativa de este derecho. Sin embargo, alegó que la petición de amparo fue presentado de manera extemporánea.

Otro juez también avaló que la orden de deportación fue irregular, sin fundamento, y que estaba valorada excesivamente la prohibición del retorno de Beltrán, al impedirle volver a pisar territorio mexicano en los próximos 40 años.

El Ministerio Público Federal apeló esta decisión y asevera que no pueden otorgar el amparo porque Miguel es un peligro para México, siendo que él ya fue absuelto por la justicia de su país.