elipe Calderón ha calificado de espectáculo lamentable el intercambio de acusaciones entre Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Pero lo verdaderamente lamentable es la total abdicación del gobierno federal para defender la institucionalidad democrática de cara a las presiones y chantajes de los poderes fácticos. Como buen yerno y alfil político de Gordillo, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González, ha salido a defender a su suegra afirmando con enorme descaro que vivimos en un país de leyes, no de chismes. Sin embargo, el problema de fondo es precisamente la vulnerabilidad de un estado de derecho en el que personajes como Gordillo, Yunes, González, Guzmán Loera, Montemayor, Hank Rhon, Ruiz y Marín, todos los días demuestran con sus acciones que la ley misma se ha convertido en un chisme, cuyo continuo abuso siempre queda en la impunidad.

Ni Gordillo ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han respondido al emplazamiento directo de su ex aliado incómodo para que la presidenta vitalicia del sindicato permita que un auditor externo revise sus cuentas personales, bienes patrimoniales, ingresos, gastos de inversión, cuentas de cheques, sus tarjetas de crédito y los ingresos que sustentan su ritmo de vida, así como el manejo discrecional que se le ha dado al Fondo para el Retiro de los Trabajadores de la Educación. Eso sí, el Partido Nueva Alianza (Panal) celebra ya la decisión de la Comisión Permanente de solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación a fondo del manejo financiero del Issste durante el periodo de Yunes.

Sin embargo, de poco sirve que políticos, diputados y analistas exijan que las instancias competentes realicen las investigaciones correspondientes si como todos sabemos estas indagaciones suelen terminar en simulaciones y encubrimientos. Recordemos, por ejemplo, los estériles resultados de aquella rigurosa investigación que la SFP hiciera a los contratos de dudosa legalidad celebrados entre Pemex y la familia Mouriño.

Más que pedir investigaciones de la SFP al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la exigencia debería ser que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la PGR inicien inmediatamente una revisión al manejo financiero del SNTE, así como a los ingresos, gastos y declaraciones fiscales de Gordillo y sus familiares más cercanos. El fisco tiene el derecho de averiguar la legalidad de los movimientos financieros realizados por personas físicas y morales, así como la obligación de comprobar la veracidad de todas las declaraciones fiscales. Si las acusaciones de Yunes Linares son ciertas, muy probablemente se podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito o de fraude fiscal en contra de la maestra, así como otras faltas en contra de los altos funcionarios del SNTE por haber desviado los fondos de sus agremiados hacia un partido político sin su conocimiento.

Otra auditoría de suma urgencia sería la relativa al manejo de los recursos en la Secretaría de Educación Pública (SEP). En particular urge revisar los fideicomisos que se han creado para financiar indirectamente al SNTE. Las irregularidades que han podido conocerse respecto del manejo de Enciclomedia y las fiestas del Bicentenario demuestran que en la SEP también hay gato encerrado. Desde su llegada al puesto, el secretario Alonso Lujambio no se ha interesado por defender la institucionalidad, sino solamente por aprovechar las redes y el poder político de Gordillo.

Todo lo anterior renueva la exigencia en favor de ampliar los horizontes de la transparencia. Más allá de poder acceder a las cuentas del gobierno, también habría que convertir en sujetos obligados de las leyes de transparencia a sindicatos, partidos políticos, y las corporaciones dominantes en los medios de comunicación.

Siguiendo la sabia alocución de Marx sobre la repetición de los acontecimientos históricos, la tragedia del quinazo de Carlos Salinas hoy se convierte en la comedia del Hankazo y el Elbazo de Calderón. Por medio de un golpe mediático y autoritario, Salinas quiso reconquistar parte de la legitimidad no obtenida en las urnas. Hoy, los fallidos y tardíos intentos de parte de Calderón de hacer lo mismo han terminado por hundirlo aún más en el pozo del desprestigio.

Investigadora y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del IIS-UNAM.

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