¿Cómo defender a un dictador que lleva años en el poder cuando se le acusa, bueno, de ser un dictador que lleva años en el poder? Cuando menciono los juicios de Zine Abidine Ben Alí, el ex abogado del autócrata tunecino levanta las manos con expresión de cinismo y risa en el rostro.

“Ésos no fueron juicios, no fueron reales… fueron una broma”, afirma Akram Azoury acerca de los tribunales tunecinos que el mes pasado, después de apenas una hora y media de deliberaciones, sentenciaron a Ben Alí y a su esposa, Leila Traboulsi, a 35 años de cárcel y multas por el equivalente a 75.9 millones de dólares y luego, la semana pasada, a otros 15 años y medio. “La rapidez del primer juicio –el tiempo pasado entre el comienzo y el veredicto– semejó más una carrera de Fórmula Uno que un clásico procedimiento judicial”, afirma el abogado.

Extrañamente, el primer juicio de Ben Alí –sin testigos ni abogados elegidos por el acusado– indignó tanto a su abogado como a los más vehementes opositores del ex dictador. Ellos querían que se le formularan cargos de alta traición y que multitudes de ex prisioneros torturados rindieran testimonio de la brutalidad de su régimen. Azoury, cristiano libanés que representa a Ben Alí junto con su colega francés Jean-Yves le Borgne y que dirige un bufete familiar en Beirut –sus dos hijas también son abogadas– quería un juicio justo.

“No invitaron a ningún abogado a la corte –señala con furia contenida–. Yo tenía un poder certificado por la embajada tunecina en Beirut. Solicité una visa, pero no me la concedieron. Acudí a la Barra Tunecina para obtener autorización, y no me la dieron.” Al final, la Barra Tunecina designó dos de sus propios miembros para defender a Ben Alí.

“Este proceso judicial viola todos los criterios del pacto de juicio justo de 1966, que precedió al pacto de derechos civiles de la Unión Europea –sostiene Azoury–. El Comité de Derechos Humanos se instaló en Ginebra después de 1966. Esta audiencia en Túnez no califica como juicio, así que el veredicto no es veredicto. Ningún país europeo extraditaría a Ben Alí a Túnez con base en ese veredicto. Si estuviera libre en Francia, Inglaterra o Alemania, sobre todo en Inglaterra, y los tunecinos quisieran que lo extraditaran, ninguna corte inglesa lo aceptaría.”

Me abstengo de apuntar que ningún oficial de inmigración en Inglaterra –ya no digamos Francia– permitiría a Ben Alí o a su señora esposa entrar en su país, aunque Azoury cree que su cliente debe salir de Arabia Saudita. “Ben Alí describió los juicios como ‘el dictado de la justicia de los vencedores’. No olviden que el solo hecho de que el ‘presidente’ –así lo sigue llamando el abogado– me contratara como su abogado sienta un precedente en esta parte del mundo: significa que quiere someterse a las reglas; no desea un juicio político. Gobernó Túnez durante 25 años y el pueblo tunecino tiene derecho a juzgarlo. En su opinión, estas acusaciones no se han hecho con inocencia; si se observa su sustancia, son vergonzosas. Quieren asesinarlo moralmente. No olvide usted que todo lo que fue base del segundo juicio –drogas y armas– fue ‘encontrado’ en su residencia oficial dos o tres meses después de que él se fue. Ahora que han pasado siete meses, ¡hasta podrían hallar armas nucleares allí!”

El segundo juicio de Ben Alí la semana anterior –por posesión de drogas y armas ilegales– también añadió otra multa por 79 mil dólares. Hasta los abogados designados por la Barra Tunecina consideraron que fue injusta. “El único propósito –dice Azoury– era etiquetar al presidente Alí como traficante en armas y narcóticos antes de las elecciones en Túnez.”

Sacar la política de la corte

¿Pero por qué el viejo dictador contrató a un abogado libanés para representarlo? Azoury tiene un interesante historial como litigante. En 2000 defendió al ministro libanés del petróleo Barsoumian y logró que fuera absuelto luego de 11 meses en prisión; en 2003 colaboró con la fiscalía contra miembros del consejo del Banco Medina; en 2005 representó al general Jamil Sayed, de la Seguridad General Libanesa, cuando fue acusado por el tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de posible participación en el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri. Luego de cuatro años de prisión, Sayed fue liberado, cuando la ONU admitió que carecía de pruebas en su contra.

“Un abogado sólo puede realizar su tarea en un tribunal –dice Azoury–. La ley y la política no pueden estar presentes al mismo tiempo. Mi trabajo es sacar a la política del tribunal. Si lo que querían en Túnez era un juicio político, ya lo tuvieron. El inculpado no volverá a ir a Túnez, y yo lo respeto. Pero si las autoridades tunecinas quieren empezar un verdadero proceso judicial, deben someterse a los principios de un juicio justo.”

Akram Azoury no es ningún inocentón. “Es excelente juzgar a jefes de Estado –dice de pronto–. Ayudará a instaurar una cultura de justicia, porque la responsabilidad del nuevo régimen en Túnez es también instaurar el debido proceso de la ley. Si esos gobernantes fueron tan malos, no debe haber dificultad para condenarlos.”

Azoury vivió un mes en Túnez, en 1989, cuando era consultor de la compañía que construyó la nueva sede de la Liga Árabe, pero nunca conoció a Ben Alí. No estaba metido en política, comenta. Sin embargo, es evidente que piensa mucho en ella. Cuando hablamos sobre la revolución tunecina, se refirió al vendedor callejero Mohamed Bouazizim, cuya autoinmolación comenzó la revuelta popular contra Ben Alí, con palabras que todavía estoy ponderando: El cuerpo de Bouazizi será una luz en esta parte del mundo, o será el fuego que la consumirá.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya