partir del resurgimiento y desarrollo de algunos procesos autonómicos indígenas en América Latina como estrategias pluralistas, democratizadoras y antisistémicas, se han publicado libros, como el editado por Jóvenes en Resistencia Alternativa: Pensar las autonomías, alternativas de emancipación al capital y el Estado, México: Ediciones Sísifo y Bajo Tierra, 2011, en el que diversos autores analizamos los múltiples significados de autonomía, que van desde la independencia de la clase política y sus partidos hasta una forma organizativa de los pueblos indios (p. 10).

Este concepto se aplica a prácticas políticas que cuestionan la subordinación, autoritarismo, jerarquía y heteronomía propias del partido y el Estado; a la diversidad, potencia y posibilidad de colectividades autogestivas, autodeterminadas y autorreguladas en luchas y formas organizativas diversas y creativas; a la prefiguración de relaciones que sustituirán las de dominio y explotación capitalista; a los horizontes emancipatorios existentes que constituyen un cambio en la producción, distribución y consumo, así como en la toma de decisiones, tomando en cuenta los antagonismos y contradicciones inherentes a los procesos autonómicos y particularmente los problemas entre los sujetos políticos que asumen esos caminos.

Cuando hemos insistido en la conformación y el fortalecimiento de sujetos autonómicos como condición indispensable de la construcción y sustentabilidad de las autonomías, a partir del acompañamiento de las luchas de los pueblos indígenas y de una ciencia social comprometida y, a la vez, fundamentada en una comprobable base empírica, es porque consideramos que la autonomía no se puede afianzar en una sociedad por decreto. Cualquier proyecto alternativo de trasformación social adoptará la forma del tejido social sobre el que se posa. Si el tejido social que lo fundamenta es vulnerable, en tanto no esté enraizado, construido y apropiado por los propios sujetos, el proyecto está condenado finalmente a fracasar.

La autonomía no es una mera distribución de competencias jurídicas y normativas, o sólo un arreglo administrativo para una región en el interior de un Estado-nación determinado. En el sentido más profundo, no se trata de que el Estado otorgue ciertas prerrogativas y permita algunos cambios en un estatuto o ley a efecto de dar paso a una figura meramente formal de autogobierno. Si no existe una red de comunidades que asuman el ejercicio de la autonomía; si se da un divorcio de los gobiernos regionales con las autoridades municipales y comunitarias, en parte porque estos gobiernos están permeados por los partidos, el arribismo y la corrupción; si el narcotráfico constituye otra visible injerencia heterónoma sobre el ejercicio autonómico por su carácter corporativo como otra empresa capitalista más; si la autonomía se utiliza para establecer formas de segregacionismo étnico o para cobijar nuevos cacicazgos, es evidente que el proceso autonómico se vaciará de contenido, con o sin reformas constitucionales o estatutarias. La hipótesis del equilibrio del proyecto Latautonomy afirma: “En un sistema autonómico –que es un proceso social del cual emerge un nuevo sujeto político– debe existir un equilibrio entre la dimensión política-jurídica, la dimensión cultural-intercultural y la dimensión económica-ecológica. Si un proceso autonómico tiene carencias de una de estas dimensiones (o sobredimensión de otra), existe el peligro de que actores externos (Estado nacional, terratenientes, compañías trasnacionales, etcétera) penetren el sistema, lo subviertan desde adentro y lo destruyan” (www.latautonomy.org/lae_wel.htm).

Las experiencias de regiones de México y Nicaragua, así como de otros países, muestran que en la medida en que no existe un sujeto colectivo con capacidad de organización, de generación de consensos, las posibilidades de avanzar en la construcción o fortalecimiento de autonomías resultan poco probables. La existencia y avance del sujeto autonómico se expresará en un sinnúmero de formas: mediante el establecimiento de juntas de buen gobierno que coordinan –desde abajo– los municipios autónomos zapatistas, por ejemplo; a partir de la integración de organizaciones indígenas independientes del Estado y los partidos, como el EZLN, o la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que representa el esfuerzo autonómico de una región pluriétnica en el estado de Guerrero, etcétera.

No observo nada misterioso y confuso en insistir en que la experiencia zapatista y la de otros procesos en América Latina muestra que el desarrollo de una red multiétnica consolidada de comunidades y regiones, e incluso de pueblos diversos, es otro de los cambios trascendentes en las actuales autonomías, en las que la pugna intracomunitaria o interétnica por conflictos seculares, linderos o recursos se puede superar para responder unidos ante la intrusión violenta de los estados y las corporaciones capitalistas. Todas las transformaciones internas, rupturas y redefiniciones en los ámbitos comunitarios, regionales y nacional se dificultan sin un sujeto autonómico con capacidades de afirmación hegemónica hacia adentro, de tal forma que contribuya a la cohesión interna por medio de la democracia participativa, la tolerancia y la superación de las divisiones religiosas, étnicas o políticas, la lucha contra la corrupción y contra los intentos de cooptación por parte del Estado y sus agentes. Este sujeto concita la movilización de pueblos y comunidades en defensa de sus derechos y demandas, y tiene el apoyo para una representación legítima hacia afuera.

Los debates en torno a las autonomías son una necesidad primordial, como se afirma en Pensar las autonomías..., no sólo en el sentido académico, teórico y abstracto, sino como reflexión decisiva para la acción política hoy, para el sentido del cambio social, y como alternativa civilizatoria al capital y al Estado.