Miércoles 6 de julio de 2011, p. 16
Oaxaca, Oax., 5 de julio. Los secuestros de migrantes en México se han convertido en una realidad grave y poco atendida por las autoridades, a pesar del compromiso del gobierno federal de implementar un plan interinstitucional para hacer frente a este fenómeno, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano en la zona Pacífico Sur.
En conferencia de prensa –ofrecida con los representantes de la Posada Belén Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila; del Hogar Refugio para Migrantes, en Tenosique, Tabasco, y de Paso Libre, en Guadalajara, Jalisco, Pedro Pantoja, Tomás González y Mónica Salmón, respectivamente–, después de reunirse con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, Solalinde sostuvo que el común denominador en la comisión de abusos contra los migrantes en México es la impunidad, porque el sistema de procuración e impartición de justicia se ha mostrado incapaz de hacer rendir cuentas a los responsables.
Las autoridades federales, añadió, se han mostrado incapaces de generar un registro que permita dar seguimiento a los ilícitos.