Para sustentar la legalidad de la Norma 29 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno del Distrito Federal integró un grupo técnico de especialistas en materia de urbanismo y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), que encabeza Alicia Ziccardi, señaló la consejera jurídica Leticia Bonifaz Alfonzo.

Explicó que el argumento principal de quienes se oponen a la citada norma es el aspecto económico, mientras el del gobierno capitalino es la función social y el impacto generalizado que la instalación de tiendas de autoservicio tiene en el entorno urbano.

Hasta el momento, dijo, sólo ha sido notificada de los amparos promovidos por Soriana, Wal-Mart y el Ganso Abarrotero. Auguró que estos no prosperarán porque se basan en especulaciones de lo que puede suceder, cuando esta norma se refiere a los artículos que se incluyen en la canasta básica.

Por su parte, diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura Velázquez, se entrevistaron ayer con el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, para iniciar la defensa de la Nnorma 29, ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR).

Acompañada del diputado Guillermo Orozco, la secretaria de la Comisión de Gobierno, Aleida Alavez, explicó que, principalmente, defenderán la función social de la norma, cuyo propósito es proteger los mercados públicos, ante la competencia económica desleal que significan los grandes emporios de las tiendas de conveniencia y de autoservicio.

La perredista adelantó que, en los próximos días, también acudirán a la PGR, para solicitarle a su titular, Marisela Morales Ibáñez, se desista de la acción de inconstitucionalidad que se tramita en la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Durante la reunión se entregó al presidente de la Corte una carpeta con la información que respalda la norma, que no busca prohibir, sino regular la instalación de tiendas de autoservicio y de conveniencia, como ha sucedido en otros países y ciudades del mundo, a fin de proteger las micro y pequeñas empresas, así como los mercados públicos, precisó la titular de Sedeco.

Se trata, dijo, de un tema polémico y sabemos que estamos enfrentando a empresas muy poderosas, pero tenemos de nuestro lado la verdad, la justicia y la equidad, y confiamos en salir adelante, pues no se trata de un acto discriminatorio, de inhibir la competencia o nuevas inversiones, sino de generar las herramientas para que todos ganemos.

Mientras la Corte resuelve, los nuevos proyectos deberán sujetarse a los lineamientos de la norma 29, vigente desde el 20 de mayo, aunque en la Oficina de Apertura Rápida de Negocios no hemos tenido ninguna solicitud, precisó.