El titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, Javier González del Villar, informó que desde que entró en vigor la ley en la materia, el 9 de marzo de 2009, han sido presentados 77 casos ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), de los cuales 49 corresponden a robo de vehículo, 14 a trata de personas, 11 al delito de secuestro y tres a delincuencia organizada.

El fiscal dijo que el Gobierno del Distrito Federal ha ganado en primera instancia 32 sentencias; la última se resolvió hace unos días y fue el caso del inmueble denominado La Ronda, ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde había vehículos y refacciones robadas.

Detalló que en lo que toca a apelaciones presentadas, 19 han sido ganadas por el GDF; además han tenido lugar 17 juicios de amparo en los juzgados federales, de los cuales el gobierno capitalino ha ganado cinco, perdido cuatro y ocho se encuentran pendientes.

Agregó que de los 352.4 millones de pesos que corresponden al monto de los 77 casos, sólo 5 por ciento (17 millones) equivale al monto de sentencias en contra que ha tenido el DF. Lo consideró una prueba de que la ley respeta los derechos esenciales del gobernado y que el afectado por la extinción de dominio tiene la facultad de ser oído y vencido en juicio.

Indicó que el monto de afectación correspondiente a los aproximadamente 30 millones de pesos incluye, luego de haber resuelto las instancias pertinentes en favor del gobierno de la ciudad, el otorgamiento de 9 predios que serán utilizados, conforme indica esta ley, para beneficio de la sociedad en las áreas de seguridad, procuración de justicia y desarrollo social.

Otros cuatro predios, producto de los casos que fueron ganados vía amparo, fueron cedidos al GDF, con lo que son ya 13 inmuebles patrimonio de la ciudad.

Consideró que a pesar de los casos en los que los jueces han manifestado que no se acreditaron los elementos, la ciudad lleva una victoria considerable en materia de extinción de dominio.

Destacó casos como el del Hospital Central de Oriente, en Iztapalapa, donde traficaban con menores de edad y que ahora está siendo revisado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, del caso de la banda de Los Ducati, una casa en Olivar de los Padres, donde desmantelaban vehículos de lujo robados”.