La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si los procesos penales en contra de militares por los delitos cometidos en agravio de civiles deben ser resueltos por el fuero castrense o por los tribunales civiles.

A partir de este lunes, el pleno de ministros inicia la discusión sobre los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en la que el organismo internacional instruye a la Suprema Corte para que los jueces juzguen en el ámbito civil a los soldados que cometan delitos en agravio de civiles.

Esta será la segunda ocasión en que la SCJN aborda la consulta que en su momento hizo el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien en su calidad de presidente de la Corte solicitó al pleno una consulta para definir los alcances de la referida sentencia, que obligaría al Poder Judicial de la Federación a tomar medidas respecto de delitos como la desaparición forzada y aquéllos en los que estén involucrados militares.

En septiembre pasado, José Ramón Cossío presentó su proyecto de dictamen en el que proponía que el Poder Judicial de la Federación (PJF) acatara la sentencia de la CIDH en la que condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Rosendo Radilla, quien aún se encuentra desaparecido.

Uno de los resolutivos de la Corte Interamericana convoca a los jueces mexicanos a que garanticen que cuando un militar sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles, éste sea juzgado en el fuero civil, y en ninguna circunstancia en el fuero de guerra.

Sólo el actual presidente de la Suprema Corte, Juan N. Silva Meza, y la ministra Olga Sánchez Cordero apoyaron a Cossío; el resto de sus compañeros rechazaron que la SCJN tuviera la obligación de acatar la sentencia, sea esto en su totalidad o solamente en partes.

Tanto le preocupó el tema al ministro Sergio Aguirre, que planteó que cuando se revisara el tema de nueva cuenta se hiciera en sesión privada, porque se trata de un asunto morrocotudo.

La propuesta quedó en el aire y finalmente fue desechada, porque el tema se enlistó para ser analizado este lunes.

Después de cuatro sesiones, el pleno resolvió no analizar el fondo del proyecto de Cossío, que planteaba la obligación de de que la SCJN acatara la sentencia en la parte que concierne a las recomendaciones hechas al PJF, y designó a Margarita Luna Ramos para que elabore un nuevo dictamen.

Fuentes judiciales comentaron que no se espera nada novedoso en el proyecto de la magistrada Luna Ramos y que seguramente propondrá que la Corte no tendría por qué cumplir una sentencia que fue dirigida oficialmente al Estado mexicano.

Analiza el Congreso reforma al fuero castrense

Y mucho menos se espera que proponga que los militares acusados de cometer delitos en agravio de civiles sean juzgados por el fuero común, máxime cuando en el Congreso se analiza una reforma de ley en materia de fuero militar.

Cabe señalar que, de acuerdo con la sentencia dictada por la CIDH, tanto el Estado mexicano como la SCJN tenían de límite hasta el 15 de diciembre de 2010 para notificar a la Corte Interamericana sobre la aceptación, y en qué términos, de la sentencia del caso Rosendo Radilla.