De persistir en políticas de criminalización del consumo de drogas, en vez de atender el tema como un problema de salud pública, las cárceles serán insuficientes, aseguró Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), durante el seminario La marca de las drogas: características de los usuarios, estigma social y violencia, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En una videoconferencia transmitida desde el Colef, en Tijuana, Olson compartió los resultados del informe de la WOLA Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, que examina el costo humano de las leyes antinarcóticos en ocho países de la región.

La investigación reveló que en los últimos 10 años ha crecido de manera dramática el número de encarcelados por delitos ligados al narcotráfico que purgan penas desproporcionadas toda vez que ha habido un endurecimiento de las leyes.

La criminalización de la política de drogas se suponía que debía proteger la salud pública y la seguridad, reduciendo la producción de drogas ilícitas, el tráfico y el consumo. Pero estos objetivos no se han alcanzado, explica el informe.

Por el contrario, pese a la promulgación de leyes duras contra las drogas y del auge del encarcelamiento en la región, la industria de los estupefacientes florece como nunca, afirma.

Olson se refirió a las declaraciones que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, emitió en el reciente encuentro sobre seguridad pública en Centroamérica, de que el actual sistema se dedica a apresar a quienes están en la base de la pirámide delictiva y deja impunes a quienes la encabezan.

La legislación actual no distingue entre delitos de drogas de alto y bajo nivel, lo que ha contribuido significativamente al aumento de las tasas de encarcelamiento. Otro factor es el abuso de la detención preventiva y la negación de penas alternativas.

Además, es muy alto el número de presos por posesión simple de drogas, quienes proceden de los estratos más bajos de la cadena del narcotráfico y los más vulnerables de la sociedad.

El estudio expone que en México el gobierno ha utilizado el indicador del número de personas encarceladas para demostrar que su combate a las drogas y la delincuencia organizada obtiene resultados alentadores.

Sin embargo, se ha demostrado que 75 por ciento había sido detenido con una cantidad mínima de mercancía, lo cual indica que la estrategia ha criminalizado a consumidores y pequeños vendedores y ha tenido poco impacto sobre los medianos o grandes narcotraficantes.

Asimismo, cada vez son más las mujeres presas por narcomenudeo, y el costo de su encierro es particularmente alto, pues en muchas ocasiones son el único sostén de su familia.

Por último, Olson expuso que la calidad y la cantidad de la información disponible en fuentes gubernamentales sobre el tema son muy deficientes, por lo que es necesario tener datos confiables para entender lo que ocurre con la población afectada, las cárceles y los procesos judiciales.