La reforma constitucional en materia de derechos humanos puede servir de base para acabar con la perversidad de las instituciones, cuando reducen las garantías de los ciudadanos con el pretexto de la seguridad, lo que ha llevado al país a uno de los peores escenarios de violencia desde la época de la Revolución.

Así lo afirmó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, en el marco del encuentro La Constitución y los derechos humanos, cuyos participantes analizaron, desde diversas vertientes, las repercusiones jurídicas y sociales de la mencionada iniciativa, que entró en vigor el pasado 11 de junio.

Durante su participación en el foro, el ombudsman nacional señaló que el clima de violencia en el país ha generado una carga extra de trabajo para la dependencia a su cargo, que ha recibido 75 por ciento más de denuncias de 2010 a 2011, por violaciones a los derechos humanos, lo cual no sólo lastima a los individuos que las padecen, sino también a las instituciones.

Luego de enumerar algunos de los puntos más importantes de la reforma, entre ellos la inclusión del concepto de derechos humanos en la Carta Magna, la obediencia a los tratados internacionales firmados por México en la materia y el fortalecimiento de la CNDH, Plascencia llamó a instaurar un régimen de rendición de cuentas, para que los funcionarios comprueben que están cumpliendo adecuadamente con su trabajo.

Por su parte, Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), celebró que la mencionada iniciativa establezca un núcleo duro de garantías individuales que no pueden ser limitadas nunca, entre ellas el derecho a la vida, y que además señale que éstas no son otorgadas por el gobierno, sino simplemente reconocidas, ya que son incluso anteriores al propio Estado.

Sin embargo, llamó a que las autoridades del país no se empachen de tratados internacionales, ya que estos deben ser aplicados con cuidado y cuando sea necesario, cuando encontremos en ellos un plus que no nos dé la Constitución.

Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la reforma es uno de los avances legales más importantes del país desde 1917, pero necesita que diversas leyes se actualicen para hacerlas aplicable, entre ellas las de reparación de daños, responsabilidad patrimonial del Estado, de asilo y de expulsión de ciudadanos extranjeros.