Los gobiernos deben ser transparentes en el manejo de recursos económicos, aunque siempre existe el riesgo de que en los estados se dé un uso electoral a programas sociales, como el Seguro Popular, advirtió el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Esto se debe a que la mayor parte del dinero es ejercido directamente por las entidades federativas, así como a la falta de mecanismos de supervisión y control.

Señaló que en Guerrero, Oaxaca y, hace unos días, en Puebla se presentaron denuncias de irregularidades de este tipo y de desvío de recursos para fines distintos a lo asignado. En todos los casos se debe indagar, aunque otro problema es que los procedimientos de investigación y deslinde de responsabilidades son muy largos. Por eso aún no existen resultados de los procesos iniciados hace ya varios meses en los primeras dos entidades.

En entrevista, al término del inicio de la Especialización en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo, el funcionario se refirió a los señalamientos que el miércoles hizo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sobre el supuesto mal manejo de recursos económicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Descartó que ésa sea la realidad del sector salud. Si existe alguna irregularidad habría que corroborarlo y ante cualquier duda lo mejor es realizar auditorías, porque tampoco se puede generalizar y menos cuando hemos luchado para que (el dinero) se ocupe para lo que ha sido generado.

Incluso, dijo, en ocasiones el gobierno federal ha sido quisquilloso cuando la Secretaría de Hacienda exige al Seguro Popular detener transferencias económicas a las entidades, cuando tienen pendiente comprobar gastos. Esto se aplica en casos de inversión en obra pública, pero no en programas de salud, porque si el estado carece de recursos estará imposibilitado para prestar la atención clínica que demandan los afiliados al esquema, lo cual es inaceptable, dijo.

Entonces ya existe un acuerdo por el cual las entidades tendrán siempre el dinero para la prestación de servicios médicos, pero están obligados a comprobar el correcto uso de recursos, señaló.

Recordó que 87 por ciento del presupuesto federal es canalizado a entidades federativas, que se encargan de ejercerlo. Ahí es donde se debe apretar más los mecanismos de supervisión, porque puede existir riesgo de desvíos o malos manejos.

Todos debemos ser honestos y, cuando vemos acciones que sabemos son anormales, hay que denunciarlas. Nosotros tratamos de ser imparciales para que el recurso se use para lo que es y en caso de que haya evidencias de que no sea así, solicitar la auditoría y que paguen los responsables, apuntó.