La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó ayer un golpe al Ejecutivo federal, al confirmar la suspensión del apagón analógico, por lo que la transición a la televisión digital se mantiene detenida por tiempo indefinido.

Por tres votos a dos, la primera sala de la Suprema Corte ratificó la decisión de la ministra instructora Olga Sánchez Cordero de suspender la aplicación del decreto presidencial con el que se pretendía adelantar la transición a la televisión digital de 2021 a 2015.

Lo anterior, al resolver sendos recursos de reclamación que presentaron el presidente Felipe Calderón y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para oponerse a la suspensión otorgada por Sánchez Cordero en contra de la aplicación del decreto presidencial citado. La demanda en la que los legisladores alegan que el Ejecutivo federal invadió su esfera de competencia al emitir el decreto impugnado fue admitida por la Corte a finales de octubre del año pasado, y desde entonces el citado acuerdo quedó suspendido por decisión de la ministra.

También quedó sin efecto la orden del presidente Felipe Calderón de crear una comisión intersecretarial que sería la encargada de tomar las medidas necesarias para asegurar el paso a la televisión digital terrestre, como pretendía el acuerdo promulgado el 2 de septiembre de 2010 por el Diario Oficial de la Federación.

Los ministros de la mayoría consideraron que el citado decreto, al no ser una norma general, era susceptible de ser suspendido; además resolvieron que al mantenerse la suspensión no se afectaba a la sociedad en general ni a las instituciones, porque hay un proyecto gubernamental de transición a la televisión digital vigente –promulgado por Vicente Fox–, que contempla que para 2021 la televisión se transmita totalmente en ese nuevo formato.

La suspensión del decreto también incluye la prohibición expresa al Ejecutivo federal y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de que no concesionen la banda de 700 Mhz ni asignen nuevas concesiones y permisos de radiodifusión digitales.

Los ministros de la mayoría señalaron que el decreto referido no es una regla general, sino que contiene actos o mandatos concretos que el titular de la administración pública federal da a sus subordinados; además de que las acciones están dirigidas a una clase de sujetos determinados y plenamente identificables, es decir, a los secretarios de Estado que forman parte de la comisión intersecretarial para la transición digital, prevista en el documento presidencial y cuya operación también está suspendida.

El proyecto de dictamen fue elaborado por Pardo Rebolledo y votaron en contra José Ramón Cossío Díaz y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.