El Instituto Federal Electoral (IFE) prohibió a funcionarios públicos utilizar vehículos oficiales para trasladarse a actos proselitistas.

El consejo general del IFE aprobó las normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que impone restricciones a los servidores públicos en el ámbito electoral. El documento indica que, en caso extremo, violaciones a la legislación electoral podrían derivar en dar vista a las autoridades competentes en el orden penal o administrativo.

La prohibición se produce en el contexto de los trabajos del IFE para garantizar que los servidores públicos no interfieran en el desarrollo de los comicios de 2012.

Durante la sesión de trabajo, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, y el consejero Marco Antonio Baños defendieron la medida adoptada.

A pesar de las justificaciones de ambos consejeros, el representante del Poder Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, descalificó los argumentos de los consejeros, pues sólo han avalado los disparates que ha plasmado el tribunal en sus resoluciones.

Al ejemplificar el tema, dijo que resulta absurdo que un funcionario público que acude en días inhábiles a un mitin partidista no incide en la orientación del voto y sí lo hace cuando lo efectúa en días hábiles.

Éste es otro gesto grotesco que erosiona a las instituciones. Siempre he dicho que el IFE puede multar a cualquiera, porque lo dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y los gobernantes son también ciudadanos con derechos y obligaciones.

El perredista dijo que el IFE ha renunciado a aplicar el Cofipe y a sancionar a los funcionarios, con la alcahuatería del tribunal.

En respuesta, Valdés discrepó de esta interpretación jurídica, confiando en que en breve la Cámara de Diputados pueda aprobar la minuta que turnó el Senado, donde se contempla un catálogo de sanciones a funcionarios que violen las restricciones.

Finalmente, el consejo general aprobó, a propuesta de Pablo Gómez, que se incorpore a las normas la restricción que tienen los funcionarios para el uso de recursos públicos con objetivos personales o partidistas y el uso de vehículos oficiales en el traslado a reuniones o actos proselitistas.