Mientras los ciudadanos cada vez deben pagar precios más altos por el servicio de agua potable, las empresas que obtienen ganancias por hacer del líquido una mercancía, como las embotelladoras, hacen pagos irrisorios, señaló David Barkin, investigador de la UAM.

Durante el Coloquio Internacional sobre Crisis Climática sostuvo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene un enfoque económico sobre el manejo del producto, y está más preocupada por hacer grandes obras de infraestructura –como la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, la cual no resuelve el balance hídrico, ya que se sacará agua de la ciudad y la recarga es menor– que por poner el recurso al servicio de la población.

En el caso del valle de México propuso el rescate de los ríos y la participación comunitaria en el manejo del agua. Recordó que en Porto Alegre, Brasil, se hizo una campaña en los barrios, donde a los habitantes se les entregaron estetoscopios para que detectaran las fugas de agua, lo cual permitió reducirlas en 35 por ciento.

El tratamiento de aguas también se puede hacer con esquemas comunitarios e inclusive se podría promover la agricultura urbana, lo cual además generaría empleos. Pero en cambio, explicó, la Conagua se plantea obras que no solucionarán los problemas. Preocupa la idea de construir grandes obras de infraestructura en lugar de promover manejos adecuados del líquido con el involucramiento social en el manejo del recurso.

Por ejemplo, agregó, está en construcción el Túnel Emisor Oriente, con el cual se busca acabar con las inundaciones en el valle de México, pero esta idea se ha planteado desde hace más de cuatros siglos, y con esta obra tampoco se conseguirá.

Mencionó que además no se cobra adecuadamente por el servicio, porque a las empresas no se les ponen las mismas cuotas que a los ciudadanos, ya que a ellas se les concesionan pozos y sólo pagan los derechos. Incluso, dijo, hay embotelladoras de agua que usan los derechos de agua agrícolas.

Por su parte, Jaime García, del Movimiento Urbano Popular, sostuvo en su participación que el proyecto de privatización de los servicios de agua potable que impulsa el Gobierno del Distrito Federal implica el desconocimiento del derecho humano del agua y que debe ser un bien público.

Además, dijo, el servicio en la ciudad debería ser manejado por la Secretaría de Medio Ambiente local, y no como parte del desarrollo urbano, ya que se trata de un recurso natural. Esto es parte del problema del modelo para atender el suministro a la población, señaló.