Para los familias de los mineros muertos en los pocitos de Sabinas y de la Mina Lulú, en Coahuilam no ha habido indemnizaciones, pensiones ni reparación del daño; ni un ápice de justicia les ha llegado, denunció ayer la Familia Pasta de Conchos.

Rosalba Lara Ruiz, madre del menor de edad que perdió un brazo en la explosión del pocito 3 de Sabinas, señaló que incluso su hijo, Jesús Fernando Lara, no cuenta con servicios de seguridad social ni atención médica y no ha sido apoyado por los gobiernos estatal o federal.

Incluso, Mayra Patricia Martínez, cuyo esposo murió en otro siniestro en la mina Lulú, dijo que el dueño, lejos de ser sancionado u obligado a indemnizar a los familiares de las víctimas, lo que hizo fue liquidar a todo el personal, de forma ilegal y sin pagarles lo que les correspondía.

Los integrantes de la Familia Pasta de Conchos ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que demandaron que en el Día Internacional de las Viudas –establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas–, este 23 de junio el gobierno las vea, las oiga y les haga justicia.

Sostuvieron que en la región carbonífera de Coahuila, el número de viudas y huérfanos se incrementa en la medida en que continúan los siniestros trágicos que cobran la vida de los mineros y los deja en la indefensión.

En contrasentido, señalaron que en el estado, cuatro o cinco familias, como son las Montemayor, Kamar, González Garza y De la Fuente concentran la propiedad de los yacimientos y pozos de carbón, y son quienes defraudan subcontratan y permiten el trabajo infantil, con la ineficiencia y ceguera del Poder Judicial que no sanciona a los responsables de los siniestros, dando paso con ello a que reine la impunidad.

En conferencia de prensa, en la que estuvieron también María Trinidad Cantú y Jesús Sánchez Rocha, familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos en el 2006, el abogado Manuel Fuentes, representante legal de esta organización y presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó que el gobierno mexicano no ha buscado dar un solución de fondo a la problemática minera, pero sí le preocupa que la Familia Pasta de Conchos haya llevado hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su demanda de justicia.

Hizo ver que en la 100 reunión de la OIT en Ginebra, al tratarse el caso de los mineros mexicanos, la Comisión de Expertos solicitó al gobierno de México que envíe información completa sobre este asunto, para examinarla en la próxima sesión de noviembre-diciembre del presente año.

Esto es –señaló– porque la representación oficial mexicana fue a decir a este foro que ya se había atendido la problemática de las minas de carbón, que se había indemnizado a las víctimas y se les había apoyado, lo cual es falso.

Por su parte, el sacerdote Carlos Rodríguez, quien dirige el Centro de Reflexión y Asesoría Laboral, planteó que para esta instancia internacional el tema sigue abierto, volverá a debate en el foro a finales del año, y aunque el gobierno quiera convencer a este organismo mundial de que ya resolvió el problema, la verdad es que los muertos hablan más que las estatísticas.