Desde hace tres semanas el traslado de indocumentados que serán deportados de México se realiza con un alto nivel de inseguridad, debido a que la Policía Federal (PF) se ha negado a vigilar esas labores. Su argumento es que no cuenta con unidades para garantizar seguridad en esos operativos, efectuados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Fuentes oficiales revelaron lo anterior y advirtieron que la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) incumple el convenio que firmó con la Secretaría de Gobernación en 2008 para dar protección a los migrantes, con el fin de detener la ola de asaltos y secuestros a extranjeros que son llevados a la frontera sur para ser repatriados.

El asunto quizá carecería de relevancia si se tratara de un suceso aislado; no obstante, este mes y en distintos estados de la República el INM no ha encontrado disposición ni cooperación de la PF al solicitarle apoyo y acompañamiento, lo que deja a migrantes y agentes del área en franco estado de vulnerabilidad, advirtió un alto funcionario del gobierno federal.

La madrugada del miércoles 15 de junio, mientras eran conducidos de Palenque a Tapachula, Chiapas, indocumentados centroamericanos (de nacionalidades hondureña, guatemalteca y salvadoreña) fueron secuestrados.

Los extranjeros tuvieron suerte, porque los delincuentes, fuertemente armados, según testimonios recabados por militares que debieron acudir de inmediato al lugar de los hechos, aceptaron dejarlos en libertad al percatarse de que no eran turistas, sino indocumentados pobres.

El titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró un día después, el 16 de junio, que el proceso de modernización del INM ya se encuentra en etapa avanzada. Con esa perspectiva anunció en su cuenta de Twitter el relevo de dos funcionarios del instituto y del delegado del organismo en el Distrito Federal.

Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federal firmaron en julio de 2008 un convenio sobre custodia de indocumentados, luego de que una treintena de cubanos, quienes serían trasladados a una estación migratoria –paso previo a su deportación–, fueron rescatados por un grupo armado que, se presumía, era parte de una organización de tráfico de personas.

El hecho fue calificado por la entonces comisionada del INM, Cecilia Romero, de fuga asistida. En consecuencia se suscribió el convenio mencionado como vía para garantizar mayor seguridad en los procedimientos de traslado de extranjeros y no para operar con excepciones en materia de custodia policiaca, como había ocurrido hasta ese momento.

Esa rúbrica, entre Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, y el titular de la SSP, Genaro García Luna, formaba parte de los intentos por combatir la corrupción en el Instituto Nacional de Migración.

Mouriño expresó en esa ceremonia que el compromiso del gobierno federal era que el paso por México no se convirtiera en mal recuerdo para nadie, ni siquiera para quienes sean conducidos a su país de origen, al alojarse en alguna estación migratoria.

Para ese proceso se puso en marcha un comité técnico de seguimiento y evaluación.

Antes del convenio de 2008, la vigilancia de la SSP sobre las actividades del INM no era permanente, pero tres años después, de acuerdo con los datos ofrecidos por altos funcionarios de Gobernación, la seguridad regresó a un punto de vulnerabilidad.

Restructuración pospuesta

Adicionalmente, información recabada por La Jornada indica que por falta de recursos el INM deberá posponer su restructuración. Al menos para lo que resta de este año no hay partidas para la rotación de personal; apenas se han podido realizar algunos cambios de personal migratorio, bajo el rubro administrativo de viáticos.

Consultado al respecto, el oficial mayor de Gobernación, Óscar Vega, aseveró que actualmente el análisis de ese punto se encuentra en marcha y, evidentemente, existe la intención de apoyar la propuesta presupuestal del INM, incluida la petición de más recursos para el año entrante, porque “para el actual ya es muy difícil.

Todavía no tenemos definido el punto. Se está buscando, en términos generales, ser más estricto en la evaluación de los funcionarios del instituto (ingreso y permanencia) y avanzar en el tema de los salarios, pero desgraciadamente nos encontramos con esta situación de política pública de limitación de gasto, indicó.

Reconoció que hay una instrucción superior de depurar el INM, proceso en el que no se busca ahorrar, sino tener un mejor organismo, también apoyados con un presupuesto más robusto y estrategias operativas más eficientes.