Nueva York, 16 de junio. Cuarenta años después de la declaración de la guerra contra las drogas surge un movimiento sin precedente en el que un número creciente de legisladores, gobernadores, jefes de policía, asociaciones de madres, organizaciones comunitarias, empresarios y figuras internacionales denuncian que la contienda ha fracasado.

Este viernes 17 de junio se cumple el 40 aniversario de la llamada guerra, y organizaciones comunitarias, religiosas, afroestadunidenses y latinas, de jóvenes y de madres, junto con asociaciones de policías, jueces y defensores de derechos civiles, entre otros, marcarán el día con decenas de actos por todo el país, anunció hoy la Drug Policy Alliance (DPA) en conferencia de prensa.

Ya basta, necesitamos proceder en una nueva dirección y romper el tabú para debatir un giro en la política sobre las drogas, afirmó hoy Ethan Nadelmann, director ejecutivo de DPA.

Poco a poco la oposición a la guerra contra las drogas ha crecido en este país, tanto desde sectores y comunidades que han sido víctimas de sus consecuencias, como por figuras reconocidas de la cúpula político, y empresarial, tanto conservadores como liberales y progresistas.

Recientemente, la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo; Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Colombia, César Gaviria, y Suiza, Ruth Dreifuss, así como por personalidades como el ex secretario de Estado George Shultz, el ex jefe de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas Kofi Annan, declaró que la guerra contra las drogas es un fracaso e hizo un llamado a dar un giro en el paradigma de cómo abordar el asunto de las sustancias ilícitas, que incluye la despenalización y hasta su regulación legal.

Shultz y Volcker escribieron un artículo publicado en el Wall Street Journal esta semana en el que reiteraron las razones por las cuales argumentan que es hora de poner fin a esa guerra. Durante los años recientes, figuras reconocidas, desde el financiero multimillonario George Soros hasta artistas como Sting y Willie Nelson han promovido este mensaje, y ayudado a impulsar medidas para lograrlo.

Mucho antes que tan distinguido grupo lanzara su llamado, líderes comunitarios ya habían denunciado los efectos de esta guerra. Ningún sector ha sufrido más por estas políticas antidrogas en este país que la comunidad afroestadunidense.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles recientemente concluyó que las disparidades raciales son asombrosas: a pesar de que los blancos participan en violaciones de leyes antidroga a una tasa mayor que los africanoestadunidenses, estos últimos son encarcelados por ese tipo de delitos a una tasa que es 10 veces superior que la de los blancos. Según algunos análisis, aunque los afroestadunidenses representan sólo 14 por ciento de los que regularmente usan estupefacientes, son 37 por ciento de los arrestados por ello, y 56 por ciento de los que acaban encarcelados por estos delitos.

Las consecuencias del encarcelamiento masivo vinculado a la guerra se multiplican por sus efectos en las familias y comunidades enteras.

Un líder latino en Los Ángeles cuenta a La Jornada que para su hija de 17 años, estudiante de preparatoria, es muy difícil comprar una cerveza o bebida alcohólica, justo porque ese producto es regulado y no se vende a menores sin penas severas para el comerciante. A la vez, agregó, ella y sus compañeros pueden comprar cuando quieran un cigarro de mariguana frente a su escuela, justo por ser un producto prohibido, y por lo tanto no regulado. El gran problema, concluye, es que si es arrestada y enjuiciada, aun si logra evitar ir a la cárcel, su vida queda marcada para siempre por estar fichada, con consecuencias como anular toda posibilidad de asistencia financiera para su educación universitaria, entre otras. De hecho, uno puede cometer delitos gravísimos, incluyendo violación sexual, y aun así obtener asistencia financiera, pero no por haber sido atrapado fumando mariguana.

El gasto para fiscalizar y encarcelar a estos delincuentes, representa el rubro de mayor crecimiento después del de salud para el gobierno federal y los estatales. El gobernador de Vermont, Peter Shumlin, comentó hoy que en su estado, mantener encarcelada a una persona por un delito no violento relacionado con droga cuesta en promedio 47 mil dólares al año. Afirmó que todos los gobernadores enfrentan dificultades fiscales ahora, y que cada vez más de ellos critican la política antinarcóticos que les obliga dedicar más recursos a prisiones que a educación y salud.

A la vez, expertos señalan que las políticas antinarcóticos represivas generan una grave crisis de salud, incluyendo el sida y hepatitis C, justo al enfocar recursos sobre seguridad pública y no sobre tratamiento.

Según Nadelmann, la creciente oposición a la guerra antinarco es parte de un movimiento que trata de apreciar que las políticas prohibicionistas fracasadas son responsables por lo que todos identificamos como graves problemas relacionados con las drogas. El debate en Estados Unidos gira en torno a la sensación de que esa guerra está provocando más daño que beneficios, y que necesitamos buscar una nueva dirección. Ese debate reconoce que cuando uno prohíbe un producto ampliamente deseado, los beneficiarios principales son las organizaciones criminales, comentó en una entrevista con La Jornada.

Tal vez el fin de la guerra es parte de un cambio generacional tanto abajo como arriba. Muchos políticos y ricos en las cúpulas han participado de cierta manera en esta lucha anteriormente, no como militantes, sino como el enemigo –vale recordar que los recientes tres presidentes de Estados Unidos (Clinton, Bush y Obama) han confesado haber usado drogas ilícitas cuando eran jóvenes.