El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al menos a tres funcionarios de las oficinas de correspondencia común de los juzgados de distrito del Distrito Federal y zona metropolitana, debido a la presunción de que incurrieron en prácticas de enriquecimiento ilícito, pues su evolución patrimonial no concuerda con el nivel de sus ingresos mensuales, revelaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Desde hace varios años, agentes del Ministerio Público Federal y litigantes han presentado quejas ante el CJF por presuntos manejos irregulares en el envío de casos a los juzgados, responsabilidad que recae en las oficinas de correspondencia común.

Abogados administrativistas y expertos en derecho mercantil consultados ayer por La Jornada aseguraron que antes de que se iniciaran las auditorías anunciadas el pasado lunes por el CJF, era común que algunos despachos jurídicos influyentes otorgarán dádivas económicas a los oficiales de las oficinas de correspondencia común a cambio de que turnaran sus demandas a determinados juzgados, escogidos por los litigantes.

De acuerdo con los consultados, quienes pidieron no mencionar su nombre a cambio de hablar sobre su experiencia procesal, los actos irregulares en las oficinas de correspondencia común se presentan con más frecuencia en las materias administrativa, civil y de amparo.

El pasado lunes, en un comunicado el CJF informó que la decisión de supervisar las oficialías responde a múltiples denuncias en las que se refieren a manejos irregulares del envío de asuntos a los juzgados.

Estas oficinas son las encargadas de recibir todas las demandas y consignaciones que se interponen ante los juzgados administrativos, laborales, civiles y penales. Entre sus principales funciones destaca la de repartir y asignar los asuntos a cada juzgados, mediante un sistema electrónico diseñado para que los casos se repartan por riguroso turno. Mediante este mecanismo, las demandas se asignan una por una y en forma sucesiva a los juzgados, hasta que el rol se agote y se vuelve a empezar.

El CJF señaló que para cumplir esa encomienda constitucional de supervisar al Poder Judicial debe revisarse regularmente el desempeño del personal de las oficinas de correspondencia común. En esta ocasión se ordenó una supervisión adicional para verificar que el orden de envío de los asuntos a los juzgados se lleva a cabo de manera correcta, sin ninguna alteración o irregularidad, expuso.