La guerra sucia y las prácticas represivas contra la sociedad guatemalteca en los años de 1960 a 1996, son develadas en detalle desde adentro de la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional (PN) del país centroamericano, que comprende además la cooperación y asesoría de Estados Unidos, en el informe Del Silencio a la Memoria: Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional.

El reporte fue presentado ayer en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, por la experta en archivos Kate Doyle, quien felicitó al equipo internacional que trabajó en la investigación y rescate de los documentos en el contexto de la defensa de los derechos humanos en el país centroamericano, contra la impunidad y el olvido.

El informe, de más de 500 páginas, destaca también la forma cómo la PN se militarizó y se subordinó al ejército. Asimismo, cómo en los años 60 del siglo pasado intensificó el control social, la ferocidad de sus acciones represivas, y en contraste mostraba incompetencia en la investigación de crímenes, secuestros y otros delitos que eran denunciados.

El sello característico ante el conflicto armado interno se asienta desde un comité nacional contra el comunismo, una ley preventiva contra el comunismo y una dirección general de seguridad nacional, de las relaciones entre la PN y el ejército nacional.

De allí se derivan otras instancias sobre operaciones policiales, sección de investigaciones especiales o comandos diversos.

En el apartado Operaciones limpieza, se destaca que estos operativos se realizaban en barrios de la capital con la capturas de personas vinculadas a actividades políticas de oposición y a quienes se tildaba de subversivos y derivaban en desapariciones forzadas.

Sin mediar orden judicial o el delito infraganti, la Policía Nacional se cobijaba en el contexto de la contrainsurgencia y la doctrina de seguridad nacional.

La PN también participaba directamente en el ataque a reductos guerrilleros o supuestas casas de seguridad, donde además de la requisa de objetos encontrados se procedía a la detención los residentes, aunque fueran niños, adolescentes o mujeres.

En muchas ocasiones los ocupantes de esas viviendas, aunque fueran insurgentes o no, morían producto de la acción armada de las fuerzas de seguridad.

Informes de la agencia estadunidense USAID señalan que el programa de seguridad pública en Guatemala se inició desde 1956 y que la PN se encontraba organizada de igual manera que una estructura militar. Se destacan la detención, interrogatorios y ejecución secreta de detenidos, entre ellos algunos líderes del Partido Guatemalteco del Trabajo, acusados de ser comunistas y terroristas.

El informe completo puede encontrarse en www.nsarchive.org.

En otro orden, organismos de derechos humanos denunciaron el asesinato de María Margarita Che Chub, lideresa de la comunidad de Parana, municipio de Panzos, por hombres armados, hecho que sucedió el pasado sábado.