La Secretaría de Gobernación entregó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) –para su autorización administrativa y posterior vigencia– un acuerdo para delegar facultades en personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en análisis y autorización de refugio a extranjeros.

De aprobarse los términos del anteproyecto, se extenderán atribuciones al personal del INM, desde su comisionado hasta subdirectores y jefes de departamento adscritos a las delegaciones del organismo, quienes tendrán participación directa en la potestad de otorgar o no a un extranjero la residencia mexicana.

Este acuerdo se deriva de la Ley sobre Refugiados recientemente aprobada y puesta en vigor, y ocurre luego que el instituto anunció una depuración para tratar de atajar los ilícitos atribuidos a personal de este organismo, especialmente los agentes migratorios.

De acuerdo con las previsiones de Gobernación, el personal del INM, casi 5 mil empleados, será sometido a evaluaciones y controles de confianza; en principio se anunció el despido de 350 agentes, que se sumarán a los 200 retirados anteriormente, de los cuales al menos 40 encaran demandas penales.

Aunque ha habido denuncias de complicidad de agentes migratorios no sólo para expedir ilegalmente autorizaciones, sino de estar ligados a delincuentes y entregarles a indocumentados, el acuerdo citado los respaldará en la participación directa del procesamiento de eventuales refugiados.

El texto, que se analiza en la Cofemer –dependiente de la Secretaría de Economía–, precisa que el INM podrá o no dar trámite a quienes soliciten permanecer en el país porque argumenten que no pueden ser deportados pues en su nación correría peligro su vida.

Esta coadyuvancia con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no sólo es para recibir solicitudes de extranjeros en esta posible condición, sino de la emisión de constancias de trámites, recepción de recursos de revisión y notificación de fallos.

En el artículo segundo del acuerdo se establece que el personal del INM expedirá, con base en la resolución de la Comar, el documento migratorio que acredite a los refugiados la residencia permanente en México. Se delegan en el coordinador de Control y Verificación Migratoria, en los directores y subdirectores adscritos a dicha coordinación, en los delegados regionales, subdelegados regionales, delegados locales, subdelegados locales, directores, subdirectores de estación migratoria y subdirectores de control y verificación migratoria adscritos a las delegaciones del INM, la facultad de aplicar el artículo 52 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, luego que el forastero haya agotado los medios de defensa que le otorga la ley, precisa el artículo tercero del acuerdo que entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.