oda legislación antimonopolios tiene, como un principio fundamental, frenar los abusos de los negociantes en perjuicio de la población consumidora y, desde luego, permitir también que el acaparamiento no llegue al extremo de impedir a otros negociantes ofrecer sus productos o servicios, vale decir, que impida la libre competencia en la oferta de tales bienes. Nosotros tenemos un artículo constitucional, el 28, que prohíbe los monopolios y, equivocadamente, define a las empresas estatales como no monopólicas. Éstas, a final de cuentas, son monopolios permitidos por la Carta Magna. Pero ésa es otra cuestión.
La economía mexicana se ha desarrollado, desde los años ochenta, como una economía, esencialmente, monopólica y más todavía desde la época de Salinas. Hoy, no más de 300 grupos dominan esa economía y los demás productores les están subordinados. Cuando nuestra legislación antimonopolios adquiere relevancia es sólo cuando dos de esos 300 monopolios chocan entre sí, pero jamás cuando se alega un perjuicio a la población consumidora y, muy pocas veces, cuando competidores menores aducen derechos legítimos. El 28 es letra muerta y más en tratándose de las empresas públicas, hoy totalmente desmanteladas o entregadas a los privados en los vitales servicios y productos que ofrecían.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el diferendo entre las empresas de Slim y el duopolio televisivo sobre las decisiones de la Cofetel en materia de fijación de tarifas de interconexión parecería ser un fallo esencialmente antimonopolios y, en cierto sentido, es más que justo. La dependencia de las telecomunicaciones de los abusivos intereses de Telmex y Telcel en los servicios ha generado absurdas situaciones que nos ponen al margen del mundo, sobre todo en la telefonía móvil, que es la más cara por la única razón de que Telcel impone sus tarifas sin ninguna competencia y las televisoras, para dar el servicio, deben pagar cuotas excesivas. Telmex controla 80 por ciento de la telefonía fija y Telcel el 70 por ciento de la móvil.
La Cofetel ha tratado de corregir esa situación siempre mirando a favorecer los intereses de las televisoras. Por su parte, desde que Slim adquirió la telefónica, ésta siempre ha escapado a los controles de la Cofetel mediante sus abogados que en los tribunales anulan todas las decisiones de aquélla. Por eso es relevante el fallo de la Corte (con votación dividida de 6 a favor y 4 en contra). Por primera vez se le dice a Slim que no puede seguir con las marrullerías de sus litigantes que le permiten evadir cualquier determinación de la comisión que busque meter orden en sus relaciones con los competidores.
El fallo todavía debe esperar a que la Corte sustancie varios fallos en la materia que tienen que ver con el asunto. El reciente fallo todavía puede ser echado atrás. Y ello da ocasión para reflexionar sobre el modo de verdad piratesco y logrero con el que Slim ha hecho su fortuna. Antes de 1991, cuando le dieron Telmex, era sólo un hombre medianamente rico. La adjudicación de la telefónica a su favor le permitió convertirse en empresario. Le bastaron menos de 20 años para convertirse en el hombre más opulento del mundo, una auténtica desvergüenza para un país con más de 80 millones de pobres y unos 50 de miserables.
Sin el Estado, Slim sería todavía un pobre hombre rico en busca de convertirse en empresario, el sueño de toda su vida. Todos los gobernantes lo han amamantado y le han permitido todas sus impudicias. Él muestra con toda claridad la verdadera naturaleza de los capitalistas mexicanos. De empresarios tienen muy poco. Sus fortunas las han hecho a la sombra del Estado, protegidos por éste para robar a manos llenas a la población y al mismo Estado que, complaciente, lo permite. Eso es dable observarlo en el resto del mundo, por supuesto. Pero en México llegamos al extremo de que nuestros empresarios son muy ricos, ante todo, porque no pagan impuestos y el Estado los amamanta.
La pugna que resolvió la Corte no es entre un monopolio y la población consumidora, aunque así lo parezca. Es entre monopolios de igual calaña. Es cierto que el alegato de nuestro sumo tribunal tiene que ver con el abuso en los cobros del servicio. Pero no mira al interés de los consumidores, aunque se diga, sino al interés de los otros dos monopolios. Los ministros que votaron en contra lo vieron con cierta alerta. Bajar la tarifa de 95 centavos que impone Telmex a 39 no garantiza que las competidoras van a cobrar menos por su servicio. Es un argumento mezquino que sólo buscaba favorecer a Telmex. Pero había razón en el mismo. El fallo sólo impide un acto sin fijar una postura frente al otro. Nada costaba a la mayoría observar que el alegato a favor de los consumidores iba en serio y que las competidoras deberían respetar en su favor la reducción.
Claro está que la Corte no tiene facultades legislativas. Eso es incuestionable, pero el supremo tribunal de la nación está hecho para hacer justicia y, por principio, los monopolios son injustos, con el pueblo consumidor y con todos los que compiten. Slim ha hecho su fortuna sobre la base de abusar de sus precios monopólicos. Se lo han hecho notar dos importante diarios estadunidenses que comentan su revés en la Corte. Ha robado a manos llenas y, así, se ha convertido en el hombre más rico. En cualquier país eso sería inconcebible. Pero es el caso de todos nuestros grandes empresarios. Todos ellos se han hecho increíblemente ricos robando a los consumidores y al Estado.
La Corte no está llamada a legislar. Lo repito, no es su función constitucional. Pero no tenía necesidad de legislar para poner en orden a todos los monopolios, incluidos los que ahora se ven favorecidos por su resolución. Ya existe una legislación antimonopolios que sólo bastaba interpretar estrictamente y, mediante ello, ponerla al día. Nada impedía que los seis ministros que votaron a favor de respetar las decisiones de la Cofetel precisaran que también Televisa y Tv Azteca y sus filiales interesadas debían mantener precios acordes con la reducción de la abusiva tarifa de Telmex. Tampoco impedía hacer un pronunciamiento judicial de altura que reivindicara el sentido de la legislación antimonopolios de México.
Eso, desde luego, es una utopía, pero imaginemos por un momento lo que sería este país libre de monopolios. Eso nunca se ha dado. Pero imaginémoslo. Sería el paraíso de la libre competencia y la libre oferta de bienes y servicios que acabaría siempre favoreciendo a los consumidores. Cuando eso se da, aunque sea en cierta medida, siempre es posible encontrar lo que se apetece a mejor precio si se busca un poco. Aun en las condiciones actuales eso es todavía posible. Pero, para el caso, valdría la pena imaginar un México con un centenar de televisoras o unas 30 telefónicas ofreciendo sus servicios y compitiendo en sus precios para poder vender. No digo que sería el paraíso. Mientras exista el capitalismo jamás podrá verse el paraíso en la tierra.
Los monopolios son una gangrena mortal para la sociedad que consume comprando. Son una fuente de piratería y pillaje sin fin (como Telmex nos ha acostumbrado). Pero lo mismo son Televisa y Tv Azteca. Es triste que los mexicanos apenas lo perciban si es que lo hacen.
