Ha sido un largo y sinuoso camino. Por dos años los padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, han padecido un viacrucis en busca de justicia para los 49 niños que murieron y los 75 lesionados debido a esa tragedia. Pero la justicia sigue pendiente.

Los decesos no son el único saldo: de los 104 menores que sobrevivieron, 24 tienen aún las huellas de las llamas en sus cuerpos, sufrieron quemaduras de segundo y tercer grados que siguen siendo atendidas.

Familiares de los menores demandan castigo para los responsables directos e indirectos de la tragedia: entre ellos, el entonces director y el actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Hortasitas y Daniel Karam, respectivamente; así como el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Su búsqueda de justicia no ha encontrado eco. Son pocos los funcionarios sancionados por los hechos, la mayoría mandos medios, y muchos han evitado la cárcel pues el proceso judicial está clasificado como homicidio y delitos culposos, por lo que han obtenido fianzas o amparos.

José Francisco García, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, indicó que existen procesos en el fuero común y el federal, donde se ha señalado a más de 20 personas como responsables, de las cuales sólo dos están en prisión: Yadira Barrera, supervisora de guarderías del IMSS, y Arturo César Leyva Lizárraga, ex delegado del instituto en Sonora.

Además, no se ha fincado responsabilidad contra los dueños de la estancia siniestrada: Gildardo Urquídez Serrano, Marcia Gómez del Campo Tonella –prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón– y Sandra Lucía Téllez.

No obstante, los hechos han dejado saldo positivo: se planteó hacer públicos los nombres de las personas a quienes se subrogen las guarderías del IMSS; además el Senado aprobó una iniciativa de ley para este tipo de estancias, la cual analizará la Cámara de Diputados.

Sin embargo, las promesas de justicia tanto de las autoridades estatales como federales han quedado en eso. Por ejemplo, Calderón aseveró que se deslindarían responsabilidades por estos hechos. Pero el gobierno federal no ha escuchado nuestras demandas y sólo protege a sus funcionarios.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no han satisfecho a los deudos. En el primer caso criticaron que no se señale directamente a los responsables del incendio y en el segundo consideraron que sólo quedó como una recomendación sin peso para las autoridades.

El movimiento se fisuró en abril de 2010. Algunos deudos crearon una organización alterna al Movimiento 5 de Junio, a la que llamaron Manos Unidas por Nuestros Niños. Ambas organizaciones señalaron que sólo son dos formas distintas de buscar justicia y que no había problema entre ellos.

El pasado fin de semana se realizó un juicio ciudadano en el Zócalo de la ciudad de México, donde se responsabilizó a Molinar Horcasitas y a Karam. Y el movimiento se ha sumado a la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que hoy partió de Cuernavaca, Morelos, rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Para Julio César Márquez, padre de otro de los menores fallecidos, que el viernes se haya sancionado administrativamente a tres ex funcionarios estatales es insuficiente y puede ser entendido como una estrategia mediática.

Los padres informaron que en una reunión efectuada el 10 de mayo con Marisela Morales, la procuradora general de la República se comprometió a revisar y retomar el caso. Confiamos en que por fin haya resultados. Estamos hartos de palabras y promesas, queremos acciones, dijeron.

Si las opciones en México para concretar la justicia en este caso se agotan, se acudiría a la justicia Interamericana, aseveró Leopoldo Maldonado, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado a los padres en varios procesos.