El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) apoyó la minuta con el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 31 constitucionales para fijar la obligatoriedad del bachillerato; será enviada al Senado para su consideración, aunque se acotó que su aplicación sólo se concretará si se establecen mecanismos claros y viables que permitan financiar su puesta en marcha.

De aprobarse, será necesario ampliar la fecha de entrada en vigor, así como el plazo en que deberá garantizarse la universalidad de este nivel educativo.

Aunque consideraron necesaria la aspiración de garantizar la universalidad de la educación media superior, los secretarios de educación de todo el país advirtieron que esto sólo se concretará con una adecuada distribución de cargas y responsabilidades, así como con un proyecto que reconozca las asimetrías del sistema educativo, la cobertura, absorción y eficiencia terminal, a fin de evitar una alta inversión en espacios educativos ociosos.

Jóvenes con valores

El país requiere, aseguraron, jóvenes informados, participativos, con valores personales y sociales, así como con capacidad analítica, por lo que cualquier obligatoriedad de la educación media superior deberá considerar un crecimiento gradual, con criterios de calidad, equidad y pertinencia.

Durante la 24 sesión del Conaedu, encabezada por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, se subrayó que es necesario cuidar los términos en que se defina esta iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre pasado. Los titulares de educación del país demandaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo ser realistas en los plazos para establecer la obligatoriedad.

Ello incluye el cálculo de costo que implica esta medida, acceder a fuentes de financiamiento suficientes para que el mandato constitucional –si se aprueba por el Senado– sea alcanzable de acuerdo con las condiciones de municipios y estados, pero sobre todo, que responda a la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes.

Luego de una consulta realizada a todas las autoridades educativas sobre el impacto de esta reforma, agregaron que cualquier mecanismo de obligatoriedad del bachillerato deberá definirse bajo un esquema financieramente viable, que atienda la gama de formación que los jóvenes buscan en la educación media superior y que no limite la posibilidad de responder, con espíritu eminentemente federalista, a las diversas necesidades locales y federales.

Señalaron que la posibilidad de que el Presidente de la República determine los planes y programas de estudios del bachillerato (con excepción de las universidades autónomas), sería una medida que atenta contra el federalismo educativo y trastoca la diversidad que debe privar en las escuelas de todo el país.

Destacaron que la asignación de recursos para hacer frente a la posible obligatoriedad fue un tema constante en los debates con las autoridades de las entidades federativas, y más aún la preocupación por la falta de claridad sobre las fuentes de los recursos fiscales que permitan cumplir con la obligatoriedad.

Propusieron, entre otras medidas, la ampliación de la fecha en que entre en vigor la norma, el plazo en el que deberá universalizarse el bachillerato, así como determinar claramente en qué medida participarán la federación y los estados en el financiamiento.

Las autoridades educativas estatales también demandaron un marco de competencia entre entidades y Federación para clarificar los aspectos que le tocan a cada autoridad, además de manifestar su rechazo a que la reforma incorpore modificaciones administrativas y laborales para este subsistema educativo.

Por otro lado, en el encuentro, convocado en la sede de la Secretaría de Educación Pública, también se acordó distribuir 746.6 millones de pesos para el pago de prestaciones sociales a los profesores del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en todo el país. Las entidades federativas argumentaron que han asumido los costos de la seguridad social de los docentes, lo que implica la distracción de recursos que deberían destinarse en equipamiento e instalaciones.

Por ello, se acordó canalizar de forma directa los recursos federales a las entidades que debieron afrontar estos gastos, y buscar su gradualidad en las asignación de fondos para los ejercicios presupuestales de 2011 en adelante.

Con la medida se espera fomentar el sentido de pertenencia del docente al Conalep, así como promover su profesionalización y capacitación.