ace cuarenta años ocurrió la masacre de San Cosme, perpetrada por los Halcones, grupo paramilitar creado desde la Presidencia de la República. Como resultado del ataque a la manifestación pacífica de ese día hubo más de un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. Ese crimen ocurrió a menos de tres años de la masacre de 1968.

En ambas acciones criminales el gobierno asumió explícitamente una política de Estado centrada en la persecución y abierta represión de los estudiantes y otros grupos opositores, a la que se asignó la misión de contribuir por vías violentas, con grupos paramilitares, al mantenimiento del control y la hegemonía política de la sociedad mexicana, dando origen a la llamada guerra sucia. Los hechos del 10 de junio de 1971 se enmarcan en esa visión.

Sin duda, el gobierno tuvo como objetivo directo e inmediato el de reprimir, sofocar y aplastar con la fuerza y los recursos del Estado a un sector de la población, mediante la utilización de un sofisticado esquema de planeación estratégica de la represión política, apoyado en la actuación del grupo paramilitar denominado Halcones.

Durante muchos años no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las masacres de 1968 y 1971. Los sucesivos gobiernos querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido, pero eso no sucedió.

Se mantuvo viva la memoria por la actividad de miles de jóvenes estudiantes forjados en el trienio 1968-1971. En muchas escuelas, en sindicatos, en colonias populares, por medio de volantes y de viva voz, muchos conocieron sobre lo acontecido en las inmediaciones de la Normal. La juventud estudiantil, a contracorriente de la adversidad represiva, empezó la construcción de la modernidad democrática y libertaria en el último tercio del siglo pasado.

Además de la memoria activa, también ha sido importante la reconstrucción de los hechos y la acumulación de pruebas que llevan a una sola conclusión: la masacre del 10 de junio de 1971 es un crimen de Estado y el principal responsable es Luis Echeverría Álvarez. Esa verdad histórica no admite duda; sin embargo, la justicia ha sido traicionada por quienes tienen que impartirla en México. La magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio determinó exonerar a Echeverría y archivar el caso.

La batalla por la justicia tendrá que continuar en el plano internacional. A partir de una queja que impulsamos desde el Comité del 68, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido información al gobierno mexicano sobre el expediente del halconazo, lo que genera posibilidades de reabrir el caso.

Con los elementos del derecho penal contemporáneo podemos afirmar que la acción del 10 de junio de 1971 es un caso de terrorismo de Estado que se acredita, más allá de toda duda razonable, con el hecho de que, desde las entrañas mismas del Estado, se tomó la determinación de crear, estructurar bajo parámetros militares, financiar, equipar con armas de grueso calibre, operar, contratar y encubrir al cuerpo represivo Halcones.

Se trata de un fenómeno propio de la macrocriminalidad de los gobernantes autoritarios, para quienes se aplican categorías inherentes a los crímenes de lesa humanidad.

Ahora también sabemos, por la apertura de archivos en Estados Unidos, que los militares que organizaron el grupo Halcones fueron entrenados en la Escuela de las Américas para hacerlos expertos en tácticas de contrainsurgencia usadas en la represión al estudiantado mexicano. Nuestro país sirvió como campo de experimentación de formas de represión masiva llevadas a cabo después en otros países del continente.

Mantener viva la memoria, complementar con nuevos elementos la verdad histórica y seguir luchando por la justicia en el caso del 10 de junio es un imperativo, sobre todo ahora que vuelve a cobrar fuerza la decisión del actual gobierno federal de criminalizar la protesta social.

A juzgar por la información del acontecer nacional que cotidianamente conocemos, podemos afirmar que en la población mexicana hay crispación y hartazgo por tantas injusticias acumuladas y por tanta impunidad de quienes estuvieron antes y de los que están ahora en el poder.

Impulsar actividades que recuerden los acontecimientos del 10 de junio de 1971 no significa desvincularlas de las causas por la justicia que ahora existen. Me cuento entre los que con entereza podemos afirmar que el recuerdo de nuestros muertos no nos paraliza, al contrario, nos impulsa a seguir luchando. Por los caídos, la memoria contra la impunidad. Halcones nunca más. ¡10 de junio, no se olvida!