Los secretarios del Trabajo, de Energía, Economía y Medio Ambiente, así como los directores del Seguro Social y de la Comisión Federal de Electricidad siguen sin aprender la lección. Siguen compareciendo para defenderse, justificarse, buscar pleitos y minimizar lo que ocurre en (las minas de carbón de) Coahuila, mientras nosotros seguimos poniendo los muertos, el dolor y la impotencia ante la injusticia, señaló ayer la Familia Pasta de Conchos.

En el foro titulado Los derechos laborales como derechos humanos, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, dicha organización señaló que en la reciente comparecencia de los funcionarios ante diputados y senadores llama la atención su poca sensibilidad para captar que vivimos un problema social en la región carbonífera.

En esta región, con la reciente explosión de un pozo en Sabinas, Coahuila, se contabilizaron 37 huérfanos más y otras 13 viudas, la mayoría de 22 y 23 años, además de que hubo un jovencito amputado. A los funcionarios de poco les han servido nuestros muertos, los casi 60 en Pasta de Conchos y los otros 14, señaló.

Siguen sin aprender la lección. Siguen minimizando lo que ocurre en la región y sin reconocer que los riesgos de la minería del carbón no mata a los mineros. Los mata la avaricia de los empresarios, que no invierten en seguridad, y los mata la indolencia, omisión y negligencia de funcionarios que no han detenido las muertes en cuatro años, y no tienen idea de cómo coordinarse.

Integrantes de la organización coahuilense, María Trinidad Cantú y Raúl Villasana, papás de Raúl Villasana Cantú, de 32 años, muerto en Pasta de Conchos, fueron designados para venir al Distrito Federal a esperar la respuesta del secretario José Francisco Blake Mora en torno a la fecha del reinicio de labores de rescate de nuestros hijos, esposos, papás y hermanos, así como aguardar por la audiencia que solicitaron con el presidente Felipe Calderón desde febrero de 2010.

Subrayaron que las familias mineras son las que han llevado el asunto a organismos internacionales para que ellos, para vergüenza de los gobernantes mexicanos, les digan lo que deben hacer.

Somos quienes hemos denunciado lo que pasa y lo que se debe de hacer para evitar nuestro sufrimiento antes de tiempo y para ello nos estamos organizando. Hemos propuesto un rescate integral de la región carbonífera... sólo queremos que se respete la ley y no mande el más fuerte, como lo demostró el pozo 3 de BINSA, negocio ligado a los González Garza y Montemayor Seguy. Es decir, un negocio ligado al presidente municipal de Sabinas, Coahuila.

En su exposición anunciaron que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como representantes de embajadas europeas, realizarán una gira el mes entrante por la región.