El secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Esiquio Martínez Hernández, quien fue denunciado por el Consejo de la Judicatura Federal por haber realizado movimientos por más de 432 millones de pesos en una de sus cuentas bancarias, será juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

El Ministerio Público Federal emitió un comunicado en el cual menciona que el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en la ciudad de México, dictó auto de formal prisión contra Martínez Hernández, quien es considerado probable responsable de la comisión del delito previsto en el artículo 224 del Código Penal Federal (en la hipótesis de quien con motivo de su empleo en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilegítimo, cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos).

De acuerdo con la investigación que integró la PGR, Martínez Hernández incrementó su patrimonio de manera injustificada en el período de 2003 a 2010, tiempo en el que se desempeñó como secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

Es un caso aislado: Cabeza de Vaca

En tanto, Daniel Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal, dijo que el del secretario Martínez es un caso aislado dentro del Poder Judicial Federal, donde la mayoría de sus servidores públicos son personas honestas y probas, aunque reveló que otros funcionarios judiciales están siendo investigados, pero hasta ahora no se han encontrado que más jueces o magistrados pudieran estar vinculados con actos de corrupción.

Entrevistado después de la presentación del libro Seis voces sobre Justicia y Género, escrito por una juez y seis magistradas federales, dijo que una actuación como la del secretario Martínez Hernández debe ser investigada y tenemos que observar la conducta de la gente con la que estudiaba y se vinculaba. Esto no quiere decir que haya una imputación completa contra más servidores públicos.

Añadió que en el CJF estamos observando posibles vínculos, porque ni siquiera podemos decir de forma categórica que este tipo de enriquecimiento ilícito haya tenido algún tipo de relación directa con el ejercicio de las funciones del secretario, ni hemos encontrado una responsabilidad en ello del encargado del juzgado.