Las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación de la Cámara de Diputados acordaron reunirse este viernes para definir de manera conjunta los temas, participantes y contenido de la consulta pública para debatir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

“Tenemos que ser protagonistas de ese ejercicio y no sólo invitados al foro. Una ley tan importante demanda la participación activa de la Comisión de Derechos Humanos, acotó Manuel Cadena (PRI), luego de que esa instancia legislativa concluyó que no sólo la de Gobernación decida la ruta de la consulta, denominada Derechos humanos, democracia y seguridad nacional, convocada para iniciar el 21 de junio.

Durante la reunión ordinaria de la comisión, este jueves, diputados de PRI y PRD expresaron que debía incluirse la visión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, así como política comparada en seguridad nacional sobre la experiencia de la Unión Europea, Estados Unidos y países de América Latina.

Inicialmente, sólo la Comisión de Gobernación se reuniría hoy para revisar los detalles de la consulta, pero representantes del diputado Javier Corral Jurado (PAN) indicaron que en la sesión también pueden participar los integrantes de la de Derechos Humanos.

También se les informó que entre los invitados al foro está la representación en México del alto comisionado, y que se ha planteado dividir la discusión en tres mesas: el marco constitucional de la reforma, la salvaguarda de derechos humanos como prioridad del dictamen, y la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública.

Por otra parte, la comisión votó una reforma a la ley para prevenir la trata de personas, con la finalidad de proteger de ese delito a quienes tengan una discapacidad auditiva y visual.

Además, una modificación al artículo 29 de la Ley de Derechos Humanos, para que la CNDH proporcione a comunidades indígenas un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, para facilitar que puedan presentar una queja por violaciones a sus derechos.

En cambio, la comisión rechazó dos iniciativas para reformar la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que pretendían definir la imprescriptibilidad de ese delito, ampliar las hipótesis del tipo penal para incluir el trabajo y el matrimonio forzado, así como dar mayor importancia como elemento del ilícito al sometimiento, al considerar que además de la privación de la libertad se lastima la dignidad humana.