n vísperas de la marcha por la paz, de Javier Sicilia, a Ciudad Juárez (4-10 de junio), y de la inminente ratificación del próximo embajador de Barack Obama en México, y en medio del debate sobre la despenalización de las drogas, el gobierno de la ultraderecha mexicana no hace más que insistir en su discurso violento.

1. La rápida designación hecha por el gobierno de Barack H. Obama de Earl Anthony Wayne, como nuevo embajador estadunidense en México, para remplazar al defenestrado Carlos Pascual, inviable para el cargo tras la difusión hecha en marzo por La Jornada de diversos cables filtrados por Wikileaks –en los que funcionarios de la embajada criticaban acremente a la administración calderonista y a las fuerzas armadas mexicanas por su papel en la supuesta “guerra contra el narco”–, es una evidencia tanto de la prioridad que reviste para el Departamento de Estado la estrategia que ha seguido en nuestro país para subordinar al gobierno panista como de la urgencia que tiene en profundizarla, visto el perfil del designado: un experto en energía y en contrainsurgencia.

2. La cuestión fundamental para México no es, sin embargo, el perfil del nuevo embajador, que ha sido subsecretario de Estado adjunto en asuntos económicos y de energía con Bush (2003-2006), y quien durante su gestión diplomática en Buenos Aires (2006-2009) dio muestras del nuevo estilo de los neoliberales washingtonianos, que perdiendo todas las formas no se arredran ante los conflictos que pueden generar, como le aconteció con la administración Kirchner, lo que lo condujo a Kabul como número dos de la embajada en Afganistán para hacerse cargo de la guerra, y ha llevado a varios analistas de su país a sugerir cuál será el papel que desempeñará en un momento en que es evidente el fracaso de Calderón en la “guerra contra el narco” y en el que, según ellos, se exacerban los problemas en la frontera sur de México.

3. El problema para México no es él, desde luego, designado en función de los intereses expansionistas de Washington, sino las políticas del gobierno panista, que ha subordinado las instancias de seguridad mexicana a Estados Unidos, en un proceso cada vez más complicado de revertir y, sobre todo, la composición de la nueva clase política de los tres principales partidos, integrada en su mayoría por neoliberales ambiciosos, carentes de una comprensión de las necesidades populares y de una idea de la nación y de las instituciones de la República, y dispuestos a entregar el país a Washington, lo que ha agravado el gravísimo deterioro institucional.

4. Las consecuencias del actual desastre en materia de seguridad nacional están a la vista, como el hechio de que están agravadas por el papel de la burocracia priísta, que se asume sin serlo en fuerza de oposición. Ante el entreguismo del gobierno del PAN no hay un Congreso (donde el PRI es la principal fuerza partidista) que defienda la integridad soberana de México y haga valer los principios de la diplomacia mexicana, las fuerzas armadas mexicanas obsecuentes a Calderón aceptan vergonzosamente subordinarse a las agencias de seguridad estadunidenses y en los gobiernos estatales prevalecen mandatarios locales ansiosos de subordinarse al exterior.

5. La tradicional estrategia estadunidense, secundada dócilmente por Calderón, de generar hechos de violencia para aducir la necesidad de la intervención armada de sus agencias, que en los últimos meses busca de manera muy burda extenderse a la frontera sur de México y a los países centroamericanos –tal y como lo esboza la Iniciativa Mérida–, ha encontrado de esta manera un apoyo vergonzoso en las autoridades estatales mexicanas. El gobernador priísta de Tabasco, Andrés Granier Melo, lleva por ejemplo una campaña permanente pidiendo el envío de más tropas al sureste para garantizar la seguridad, y lo mismo el 23 de febrero que el 10 de mayo hizo llamados internacionales para ello.

6. Las tres tesis falaces que Washington, con la complicidad del gobierno de Calderón, está buscando imponer en México y en el mundo para sustentar de manera impune su intervencionismo en nuestro país (y en otras partes), y que según los analistas estadunidenses habrán de ser fundamento de la gestión del embajador Wayne, están siendo secundadas por la administración panista de manera irresponsable, a pesar de que son inadmisibles en términos del derecho internacional, y ello es extremadamente preocupante: a) la primera es que todo lo que acontece en territorio mexicano tiene que ver con la seguridad doméstica de Estados Unidos; b) la segunda es que los cárteles mexicanos constituyen poderosas organizaciones criminales internacionales que constituyen una amenaza global, y c) la tercera es que la lucha contra el narcotráfico debe ser global (como concibe Washington la lucha contra lo que llama terrorismo), lo que le abriría a Estados Unidos, en su papel de policía del mundo, la vía para intervenir en cualquier parte con ese pretexto.

7. La tesis paladina de que las relaciones entre Estados Unidos y México son estratégicas para Washington porque cuanto ocurre en territorio mexicano tiene que ver con la seguridad doméstica de Estados Unidos fue desarrollada por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta, el 17 de marzo en un encuentro en la capital mexicana, y a pesar de que estaban presentes el embajador Arturo Sarukhán, y otros diplomáticos panistas, nadie le refutó tamaña barbaridad.

8. La falacia de que los cárteles mexicanos constituyen la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, misma que se fue desarrollando de manera perversa tras el asesinato el 2 de mayo de Osama Bin Laden, cuando se sostuvo, lo mismo en el Pentágono que en la prensa inglesa, que el principal enemigo de Washington (y de la humanidad) era tras la muerte de Osama nada menos que El Chapo Guzmán, ha sido desarrollada a pesar de su estupidez por los medios mexicanos, incapaces de preguntarse cuáles son los principales cárteles estadunidenses y europeos.

9. La pretensión, en fin, de Barack Obama, de que Washington tiene la prerrogativa de luchar contra lo que llama el narcotráfico y el crimen organizado en cualquier país, porque va de por medio la seguridad nacional estadunidense, lo que hace de esta lucha una lucha global, lo sitúa en las líneas intervencionistas de James Monroe (1809-1817), Theodore Roosevelt (1901-1909), Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009), pero sigue siendo una tentativa fallida para justificar la violación que en los hechos lleva a cabo Estados Unidos de la legalidad internacional.

10. El atentado del gobierno de Calderón contra la integridad de la República no tiene parangón, y por eso para frenar su entreguismo desquiciado se le sigue exigiendo cada vez más con mayor fuerza: ¡Ya basta!