l arribo de la empresa Sempra Energy al estado de Baja California responde a una estrategia para abastecer de gas y energía al suroeste de Estados Unidos, desde territorio bajacaliforniano. Un argumento esgrimido fue la necesidad de energía para los próximos años para Norteamérica. La demanda de gas natural en Estados Unidos se pronostica que llegue a 30 billones de pies cúbicos para 2015, comparada con 22.8 billones de pies cúbicos en 2000.

Para que esto fuera posible, se produjeron una serie de confabulaciones del más alto nivel en las esferas de la política en México y Estados Unidos.

El tema energético, importante por su dimensión y peso en el ámbito de las relaciones entre ambos países, no fue tratado como asunto de la agenda bilateral, donde se discutiera públicamente sus repercusiones. Por el contrario, de manera subrepticia, tras bambalinas y utilizando recovecos del marco jurídico mexicano, mediante interpretaciones a modo y en forma convenenciera, un grupo de funcionarios federales y estatales permitieron que esta estrategia se consolidara y Baja California pasara a convertirse en el sótano de máquinas de Estados Unidos, instalando en territorio mexicano una regasificadora y plantas de generación de energía eléctrica, donde el destino final de los productos es el país vecino.

Imbuidos por la ambición de ganancias fáciles del coyotaje del gas y la energía, los directivos de la trasnacional Sempra Energy se entrelazaron con la codicia de funcionarios y litigantes mexicanos, atropellando todo aquello que se pudiera. Sin recato alguno, apostaron a doblar las voluntades de las autoridades mexicanas, haciéndolas socias o contratando sus servicios para la instalación del lucrativo negocio del gas y la energía para Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano.

Los apellidos de destacados políticos de los ámbitos federal y estatal son ya parte del anecdotario popular y han quedado marcados por sus relaciones insanas con dicha trasnacional. Familiares de Eugenio Elorduy y funcionarios de su gobierno son ahora empleados de la trasnacional de marras. Luis Téllez y Carlos Ruiz Sacristán, ex funcionarios federales, hoy forman parte de su consejo de administración. Antonio Lozano Gracia, ex procurador federal, hoy trabaja como defensor de Sempra, y Fernando Lerdo de Tejada, vocero de Ernesto Zedillo, realiza trabajo de cabildeo para dicha empresa.

Todas aquellas dependencias que tienen relación con el tema energético en México se convirtieron en oficialía de partes de Sempra Energy. Cada una de ellas tiene una parte alícuota en las múltiples violaciones a la legalidad mexicana, aunque destaca la acción infame de Luis Téllez, que como titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgó permiso para la construcción de un puerto a la trasnacional en el municipio de Ensenada, en un lugar donde la propia comisión de legisladores que fue invitada a revisar las instalaciones de Sempra constató que no existe ningún control, fiscal, aduanero o de carácter migratorio. Prácticamente se ha entregado un pedazo de patria y soberanía a una empresa extranjera, convirtiendo ese espacio territorial en una especie de Guantánamo a la mexicana. En reciprocidad por sus servicios, Luis Téllez es ahora flamante directivo de la trasnacional energética. ¿Qué tal pollo?

En Estados Unidos los principales organismos federales y estatales involucrados en la revisión y aprobación de nuevas instalaciones propuestas para la importación de gas natural licuado (GNL) son: los departamentos de Energía, Transporte, Defensa e Interior, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), la Administración Marítima, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Guardia Costera, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la Agencia de Protección Ambiental y la Oficina de Seguridad de Tuberías, que hacen cumplir las normas de seguridad en la materia, incluyendo las instalaciones de transferencia marina. Debe cumplirse además con regulaciones específicas como la Ley de Seguridad, la Ley de Gas Natural y la Ley Federal de Gestión de Zonas Costeras, entre otras.

En California, se requiere la aprobación de la Comisión Costera de la Bahía de San Francisco y de la Comisión de Conservación y Desarrollo, que son responsables de la concesión de esta certificación, dependiendo de la ubicación del servicio propuesto. La Comisión Costera de California tendría que revisar los planes para cualquier instalación de GNL, sus terminales y los gasoductos asociados para asegurar que sean coherentes con las leyes estatales. Así, un servicio de terminal de GNL y la tubería asociada no podrían construirse en la zona costera si son dañinos para el ambiente.

También en otros estados hay cuidados y regulaciones especiales en relación con los buques tanques de gran envergadura. Por ejemplo, la Guardia Costera de Estados Unidos exige una zona de movimiento de 2 millas alrededor de cada metanero que entra en el puerto de Boston. Este extraordinario cuidado se toma por la preocupación acerca del enorme potencial destructivo que puede tener una explosión o incendio generado por la ruptura de un tanque de GNL, el cual es altamente inflamable. Las instalaciones de los barcos gaseros contienen altas cantidades de combustible potencialmente explosivo, por lo que se convierten en probables blancos para un ataque terrorista.

Por eso a Sempra Energy le fue más cómodo instalar sus plantas en territorio mexicano, contando con la complicidad de los funcionarios mexicanos, que cumplir con la normatividad que le impone su país, que es el principal consumidor. Por lo pronto, una empresa estadunidense tiene un nuevo puerto, donde las normas mexicanas son letra muerta, gracia al entreguismo de los funcionarios federales mediante una supuesta modernidad, que ha encubierto la entrega subrepticia de activos, territorio y soberanía a firmas extranjeras.