León, Gto., 2 de junio. El gobierno federal no tolerará las amenazas de pobladores que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo; por eso no se retirarán las denuncias penales por el bloqueo de las obras, advirtió el subsecretario de Gobernación, Marcos Gutiérrez González.

Después de dar por terminada la negociación con los pobladores de Temacapulín, Acasio y Palmarejo, el funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que siguen vigentes las denuncias penales, pues la suspensión de la obra causó pérdidas millonarias.

En un comunicado de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasio y Palmarejo exigió al gobierno federal cumplir su palabra de retirar las denuncias penales contra los pobladores y activistas que se oponen a la construcción del embalse. Nunca se condicionó (el retiro de la denuncias) al resultado de las mesas. Exigimos el respeto a este acuerdo, sustentado en actas firmadas por ambas partes. La Secretaría de Gobernación pretende atar de manos a la comunidad y el movimiento jugando con este acuerdo incumplido, acusaron.

Añadieron que los ciudadanos de Jalisco no están dispuestos a recibir agua llena de sangre: hacemos responsables a las autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación, de lo que pueda pasarnos y de hechos que pongan en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y movimientos que nos acompañan.

Al menos 30 policías federales resguardan la zona donde se construye la presa El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón (unos 100 kilómetros al noreste de Guadalajara), para impedir que miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo vuelvan a bloquear la obra, como ya sucedió durante una semana en marzo.

El resguardo de federales armados se intensificó el miércoles, cuando José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua, y Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobernación, dieron por cerrada la negociación con las comunidades, anunciaron la continuación de la obra y amenazaron con aplicar la ley contra quien proteste.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco condenó la actitud de las autoridades federales contra pobladores y opositores a la presa. Mientras, la oficina de Amnistía Internacional en México demandó al gobierno federal parar la construcción de la presa. Desde aquí hacemos un enfático llamado a las autoridades federales para que suspendan las obras de El Zapotillo hasta que se garanticen los derechos de las comunidades afectadas, dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de la oficina de Amnistía Internacional en México, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde presentó el Informe del Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.

Alejando Solalinde, sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, manifestó que el gobierno puede tener proyectos maravillosos pero si no llega a acuerdos con la sociedad, se comete un primer atropello a los derechos humanos.