Daños estructurales en los inmuebles, patios estrechos, pupitres inservibles y mobiliario prácticamente destruido componen las escuelas en que los niños que habitan en el límite de la delegación Iztapalapa toman clases, ante el olvido en que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Alonso Lujambio, las ha tenido.

Padres de familia, maestros y algunos directivos, cansados de tramitar oficios para solicitar sillas, mesas, estantes, techumbres, pizarrones o simplemente gises, denunciaron el estado que guardan las primarias y algunas secundarias, porque ello representa un riesgo para los menores.

Señalaron que para los niños es un derecho básico asistir a una escuela digna. A raíz de la organización de los padres de familia de la escuela José María Lafragua, 27 planteles educativos empezaron a trabajar para evitar que el deterioro de los inmuebles afecte a los pequeños, pues en algunos casos ya han habido problemas físicos.

Durante un recorrido por escuelas de San Miguel Teotongo, Iztapalapa, fueron evidentes situaciones como el caso de la primaria Bruno Martínez, donde una plaga de palomas ha generado la presencia de parásitos, y los alumnos han presentado escoriaciones y ronchas en la piel. Además, las aulas donde han anidado la aves tienen olor pestilente por el excremento y no se puede abrir la ventanas.

En la escuela Felipe López el patio para el recreo de los niños es muy pequeño, por ello tuvieron que dividirlos para tomar el descanso en dos horarios. En cada uno de los planteles la constante es la demanda de mobiliario, tanto para alumnos como para maestros, así fue, además de las escuelas ya mencionadas en las primarias Ejército Constitucionalista, República Socialista de Albania, Xochicalco, Nueva Zelanda, Pueblo de Morelos, Francisco Márquez, entre otras, donde la matrícula de estudiantes supera los mil niños.

En la escuela Aníbal Ponce, identificada por maestros y padres de familia como la que tiene mayor deterioro, porque fue de las primeras escuelas de la zona, el director, Mario Alberto Vargas Espinosa, reconoció los problemas del centro de estudios, sin embargo, se opuso a que las madres de familia dieran a conocer a detalle el estado que guarda el plantel y avisó a la Dirección General.

Al centro de estudio se presentó el asesor jurídico de la SEP, Armando Martínez Faustino, quien reconoció el burocratismo con que opera la institución para atender las solicitudes y exigió a los padres salir del plantel; ante la negativa del grupo, la inspectora de zona, Erika Ponce de León Márquez, amagó con sacarlas con la fuerza pública y solicitó una patrulla.

Los casos de acoso e intimidación a raíz de la organización de los padres han llegado a varias escuelas, denunciaron los progenitores. De la Dirección General hay llamados para pedir que paren el movimiento, no quieren que se sepa porque el secretario está en campaña, pese a ello los inconformes lanzan la advertencia: si la Dirección de Servicios Educativos de la SEP es incapaz, que transfiera la educación al Gobierno del Distrito Federal.