Desde el 25 de noviembre de 2008, 21 días después del desplome del Learjet 45 en el que viajaba el entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concluyó que la empresa a la que Gobernación entregó la operación de la aeronave siniestrada no cumplía con eficiencia su encargo y, por el contrario, realizaba funciones no autorizadas.

Todo ello puso en riesgo la seguridad de los pasajeros, especialmente porque no hubo garantía de la operación eficiente del centro de gravedad del Learjet, revelan documentos oficiales, liberados mediante una solicitud de información pública.

Así, la dependencia que en ese entonces encabezaba Luis Téllez, hizo referencia implícitamente a la responsabilidad de Gobernación por haber puesto a los pasajeros en manos de inexpertos. El suceso dejó un saldo de 16 muertos, entre tripulantes, pasajeros y peatones que se hallaban cerca del cruce de Paseo de la Reforma y Periférico, lugar donde se estrelló la aeronave al atardecer del 4 de noviembre de 2008.

En Bucareli los responsables de procesar la licitación con base en la cual se otorgó un contrato al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva-Taller Aeronáutico 139 fueron absueltos por la Secretaría de la Función Pública y hasta el momento se desconoce si hay responsables y sancionados por las anomalías ampliamente señaladas por la SCT.

“La permisionaria ofreció servicios que no tiene autorizados por esta SCT, consistentes en despacho y control de vuelos, así como asignación de tripulación de vuelo (piloto, copiloto y sobrecargo), situación que infringe las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad, toda vez que por ello …no se pudo garantizar que estos servicios se hayan efectuado conforme a los lineamientos establecidos por el fabricante del Learjet 45, matrícula XC-VMC, desconociéndose, además, el procedimiento utilizado para el cálculo del peso, balance y centro de gravedad de la aeronave, lo cual pudo haberse realizado fuera de los márgenes de seguridad establecidos, poniendo en riesgo la seguridad operacional y de aeronavegabilidad del equipo Learjet referido.”

Lo anterior está escrito en la página 6 del documento con base en el cual la SCT informó al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva la revocación del permiso de operación por su responsabilidad en las irregularidades en la operación de la aeronave. El documento 4.1. 3054 (del cual este diario tiene copia) fue clasificado originalmente con 12 años de reserva; sin embargo, un proceso de impugnación permitió su difusión.

Un año después de los hechos, el comité para la investigación del incidente aéreo, a cargo de Gilberto López Meyer, presentó su informe en el que atribuye básicamente el desplome al encuentro del Learjet con una turbulencia de estela, la falta de pericia de los tripulantes para salir de este aprieto y, en especial, hechos de corrupción e insuficiente supervisión a la empresa de operación y mantenimiento de la aeronave.

Al preguntarle al titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, acerca de lo que se haría al respecto, dijo: “El informe es un informe aeronáutico. Lo que se hará inmediatamente es hacerlo llegar con todos sus anexos y toda su información a las autoridades que tienen que establecer posteriormente responsabilidades administrativas, que es en este caso la Secretaría de la Función Pública, la cual de hecho ya inició una investigación y podrá continuarla y profundizarla a partir de hoy con el informe que ya dispondrá.

Y lo mismo a la Procuraduría General de la República, que tiene ya abierta una averiguación previa y será la que determine si existen o no sresponsabilidades de tipo penal. Este documento completo con todos los anexos les será entregado a estas autoridades y ellas continuarán su proceso de investigación y deslinde de asignación de responsabilidades, aseguró.