Un grupo de familias de la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas, mujeres en su mayoría, habitantes de la denominada primera ciudad rural sustentable del mundo, ejido Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, denunciaron persecución y hostigamiento policiaco por manifestarse pacíficamente para demandar al gobierno el cumplimiento de sus compromisos, muy publicitados meses atrás. Ocho miembros de la comunidad y su abogado se encuentran presos desde el pasado 13 de abril.

Hoy en día la famosa ciudad rural no tiene nada de sustentable, como afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cierto es que ha sido todo un fracaso. Al demandar la liberación de sus familiares y la intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas familias campesinas describen un panorama elocuente:

“La ciudad rural está casi ‘desértica’, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños, ya que los varones se encuentran huyendo por temor a que los detengan. El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos, el miedo constante, el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener esta situación, ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el del gobernador.

Hacemos saber nuestra desesperación, nuestra impotencia, nuestra indignación. La comunidad entera está en espera de sucesos mayores, el arresto de muchas personas más, entre ellas mujeres y jóvenes menores de edad. La zona sur de la ciudad rural se encuentra sola, la mayoría de las personas han tenido que refugiarse en lugares seguros, por miedo al acoso y la persecución.

Arresto, bajo engaño

En el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pichucalco se encuentran encarcelados el abogado Juan Narváez y los campesinos y pobladores Teodoro Sánchez Mórales, Marcelo Díaz Castellanos, Héctor Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cobos, José Francisco López Díaz, Pascasio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot. “Sólo por realizar una manifestación para que el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los tomaran en cuenta para negociar y les pagaran por las afectaciones que se realizaron en sus tierras, lo que se le conoce como el ‘caído Juan de Grijalva’”. Hoy se les acusa de asociación delictuosa y motín.

Esto deriva de una manifestación pacífica en una de las parcelas del ejido, el 17 de marzo pasado: Estando parte de la comunidad reunida, relatan, irrumpieron 200 o 300 policías entre ellos ministeriales. Los agentes, de una manera arbitraria los levantaron bajo engaño, con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras, así como la cantidad a la que ascendían los avalúos. En realidad se trató de un arresto por órdenes, denuncian las familias, del fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado del municipio de Pichucalco, José Luis Gómez Santaella, y del Ministerio Público de Ostuacán, Esgar Benjamín Estrada Cervantes.

Recuerdan el origen de su flamante poblado, luego de un terrible desastre, el deslizamiento de un cerro. Era noviembre de 2007, “en un lugar actualmente conocido como el ‘Tapón’, a orillas del río Grijalva”, en los límites con Tabasco.

El desastre no sólo provocó la obstrucción del río sino también la destrucción de nuestro poblado, perdiendo la vida muchos de nuestros familiares, y todas las casas. Hoy dicen que su luto es al parecer interminable.

A raíz de los hechos, los gobiernos federal y estatal aportaron recursos y apoyos a estos damnificados, aunque sólo en los momentos del desastre.

Así se crea la primera ciudad rural sustentable del mundo, Nuevo Juan del Grijalva. Se creía que cambiaría la forma de vida de aquellos afectados; en esto no se equivocaron, así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad.