a reciente iniciativa priísta en la Cámara de Diputados es buena, pero sólo a 50 por ciento, o si se prefiere es medio mala. No obstante que las órdenes originales (una de 1976; otra de 1987) fueron firmadas por, en su momento, dos presidentes de la República de origen tricolor, la bancada de ese partido en San Lázaro se animó a dar cierto aire normativo al a todas luces ilegal e injustificado uso de recursos públicos en beneficio de los ex mandatarios, aunque el impulso nada más le alcanzó para intentar reducir el abuso a la mitad, y no para terminar de una buena vez con uno de los innumerables desfalcos que se cometen con dineros de la nación.

El asunto es el siguiente: “la Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada, y obligarlos a ‘cumplir su agradecimiento al pueblo de México’ participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior”.

El pasado 12 de abril, la mesa directiva de San Lázaro dio entrada a la iniciativa de ley promovida por los priístas Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana; no obstante, el presidente del órgano camaral, Jorge Carlos Ramírez Marín, decidió darle trámite hasta el 29 del mismo mes –justo cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones–, al turnarla a las comisiones unidas de Gobernación, Hacienda, Defensa, Marina, Educación y Función Pública, y con opinión de la de Presupuesto, para hacer aún más engorroso el proceso.

“A la fecha, las pensiones que perciben los ex presidentes no tienen sustento jurídico ni se encuentran desglosadas en ningún marco legal, sólo son consideradas acuerdos de carácter administrativo. La iniciativa en cuestión aporta las bases y regula responsabilidades, actividades, pensiones, medios personales y materiales, así como servicios de seguridad de quien haya ocupado el cargo de presidente constitucional. La creación de una ley para ex presidentes se perfila como el marco legal que contempla incluso las causas por las que podrían perder sus derechos y beneficios. Así, los ex mandatarios federales tendrán derecho a disfrutar de una pensión equivalente a 85 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones –durante los primeros seis años después de haber concluido su encargo–, la cual será incrementada en la misma proporción. Terminado ese periodo podrán tener una pensión vitalicia equivalente a 50 por ciento del salario del Ejecutivo en turno, aumentado en la misma proporción” (La Jornada, Roberto Garduño).

De los cinco ex presidentes vivos (en términos biológicos, porque son muy vivos en eso de utilizar recursos de la nación) cuatro son priístas y uno panista (a punto de ser dos). Desde que en 1976 Luis Echeverría se autorizó a sí mismo una pensión vitalicia y el pago de la nómina de cientos de burócratas a su servicio (militares y civiles), y en 1987 Miguel de la Madrid amplió generosamente la cobertura (comenzando por la que a él le tocaba como ex inquilino de Los Pinos), miles de millones de pesos del erario se han destinado a cubrir las necesidades (como les llaman) de los ex titulares del Poder Ejecutivo, no obstante que sus arcas salieron sobradamente llenas al término de sus respectivos mandatos. Sólo Ernesto Zedillo rechazó la pensión, pero no el ejército de servidores públicos que, a costillas de la nación, lo atiende.

Se estima que en 2011 de los impuestos de los mexicanos saldrán no menos de 320 millones para cubrir los gastos de los ex presidentes, aunque la erogación fácilmente puede ser mucho mayor, al incluirse bonos, peticiones especiales, atención médica de primer nivel (aquí o en el extranjero), viajes, guaruras, transportación, asesores, secretarias y otras menudencias, que no estipula ni regula ley alguna. Es a capricho del inquilino de Los Pinos las prerrogativas de las que gozan sus antecesores. Es un saqueo descarado, pero ninguno de los mandatarios en funciones se anima a darlo por terminado, pues tarde que temprano será en su propio beneficio.

Como en tantos otros casos de dinero fugado (léase atraco abierto) por parte de los autodenominados servidores públicos, al cancelar tales pensiones y la nómina del personal al servicio de los ex mandatarios los dineros de la nación tendrían el fin legal y ético que deben tener. Por ejemplo, esos 320 millones que en 2011 se canalizarán a ese grupo zánganos podrían destinarse a la educación pública, al equipamiento de hospitales, a vivienda popular o lo que resulte socialmente productivo. En todo caso que los ex mandatarios que reúnan los requisitos de ley cobren la pensión que les corresponde, la cual, desde luego, no pasaría de 25 salarios mínimos. La que ahora obtienen se aproxima a los 3 mil 400 salarios mínimos, sin considerar al personal de nómina a sus servicio.

Dado el ostentoso tren de vida que mantienen, infinitamente superior al que puede garantizarle la ilegal pensión, ¿en serio Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo (por la parte de la citada nómina) y Vicente Fox requieren ese trato especial? En todo caso lo utilizan para las propinas del café.

Entonces, si el caso es tan claro, si el atraco es de tal magnitud, ¿por qué el PRI se limita a recortarlo 50 por ciento? ¿Por qué no al cien por ciento? ¿Por qué no arrancar de tajo es mala hierba? Eso sí, lo que resulta imperdonable es que el tricolor pretenda atentar contra la comunidad universitaria del país, al obligar a los ex mandatarios a colaborar con las instituciones de educación pública.

Las rebanadas del pastel

Contra el olvido y la impunidad: a casi dos años de la tragedia, un jurado ciudadano declaró culpable al Estado mexicano por el incendio del 5 de junio de 2009 de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron 49 niños y más de 70 quedaron con diversos tipos de lesiones. En el juicio celebrado ayer en el Zócalo de la ciudad de México, el jurado declaró culpables del incendio y responsables de no salvaguardar los derechos de los niños a las siguientes instituciones y a sus cabezas: Presidencia de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam deberán disculparse públicamente y prestar un mes de trabajo comunitario por cada niño que murió o resultó lesionado.

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