o por largamente anunciada es menos ominosa la entrada en vigor de una nueva fase de guerra política sucia. Desde el indefendible Michoacanazo ha sido evidente que quienes tienen el poder están dispuestos a utilizar los instrumentos policiacos y judiciales para propósitos partidistas y electorales. Y, conforme el calendario comicial va perdiendo hojas, se agudizan y aceleran esos propósitos de distorsión de las funciones institucionales para servir a propósitos facciosos.

Pero en esta ocasión el PRI le ha madrugado al PAN. Mientras el partido de blanco y azul (Los Pinos, para hablar con más precisión) ha tardado largos meses en calcular la posibilidad de ir contra un pez gordo de tres colores (según eso contra algún ex mandatario del norte del país, que estaría más que metido en asuntos de narcotráfico), en Aguascalientes ha sido apresado un ex candidato panista a gobernador. Hay elementos suficientes para que fuera procedente la condena a este panista, pero a fin de cuentas este incidente se inscribe en una nueva fase de la judicialización de la política, es decir, del uso arbitrario de lo judicial y lo policiaco para enfrentar asuntos partidistas y electorales. Los Michoacanazos como doctrina de seguridad electoral: acusar, encarcelar y castigar en términos de opinión pública y exhibición mediática, aunque luego las acusaciones se caigan y los procesados resulten inocentes.

Ya lo hizo impunemente el calderonismo en la entidad a cargo del perredista Leonel Godoy, con un récord perfecto de arbitrariedad extrema: ni en uno solo de las decenas de casos presentados ante un juez pudo demostrar que hubiera pruebas de los delitos que achacaba a quienes salieron libres, y en algunos casos se reinstalaron en sus cargos. Ahora se habla mucho, desde hace meses, de la intención felipista de sosegar o doblegar al PRI mediante el encarcelamiento de alguno de los varios ex gobernadores norteños que considera que fueron cómplices y protectores de determinados cárteles. Se habla de Chihuahua, Tamaulipas y Durango, especialmente. El Señor de Los Pinos estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de frenar el presunto retorno triunfal del priismo al poder federal.

Justamente en ese contexto, el de las presuntas amenazas pinoleras, y del madruguete hidrocálido, ayer se realizó una reunión cumbre del priismo, con los gobernadores estatales como verdadero poder decisorio. A la hora de redactar esta columna no se sabía nada de lo acordado en ese cónclave convocado para llegar a acuerdos sobre la ruta electoral que pasa por Hidalgo, Coahuila, Nayarit y el estado de México (todos con amplias posibilidades de triunfo electoral para el PRI, salvo este último, donde la postulación de Encinas y el factor AMLO han ido cambiando los pronósticos) y desemboca en el 2012.

Mientras tanto, Martín Orozco duerme en prisión. Fue impuesto como candidato a gobernar Aguascalientes contra la militante oposición del mandatario formalmente panista, Luis Armando Reynoso Femat, quien hizo todo para que Orozco no fuera aspirante y, luego, para que no triunfara en los comicios generales, lo que abrió el paso a la victoria de Carlos Lozano de la Torre, apadrinado por personajes destacados del priismo nacional. A diferencia del michoacanazo, donde el sustento legal para la acción contra funcionarios públicos era endeble y súbito, las acusaciones contra Orozco eran conocidas desde mucho antes que fuera candidato, a tal grado que hubo de arrancar su campaña por la gubernatura sin registro, pues estaba en espera de que fuera suspendida desde el plano federal una resolución judicial estatal en su contra, que en lo inmediato le impedía ser registrado como aspirante a gobernar. La detención de Orozco es, finalmente, el desenlace de un largo proceso judicial.

Sin embargo, el PAN, es decir, Los Pinos, ha decidido mandar al diablo las instituciones y oponerse políticamente a una resolución judicial, tratando de convertir a Orozco en preso político (cuando la acusación en su contra es por haber aprovechado información privilegiada, que conoció cuando era presidente municipal, para comprar posteriormente un predio que le redituó altos dividendos) y rompiendo relaciones políticas con el gobierno priista de Aguascalientes.

Lo cierto es que escarceos no han faltado recientemente: el propio PRI le declaró la ley del hielo al secretario federal del trabajo, Javier Lozano, que sabidamente es una pieza central del golpeteo político de Los Pinos. Y el débil candidato al gobierno del estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, en lugar de agradecer a grupos del SME que aunque sea en condiciones ríspidas le hayan ayudado a tener cierta resonancia mediática, está denunciando los hechos ante autoridades electorales y judiciales, lo que abre la puerta a detenciones y sujeciones a proceso penal que podrían complicar más el escenario electoral mexiquense. También habrá de verse si los priistas encuentran fundamento para acusar penalmente a Gustavo Madero, el dirigente formal del PAN, por haber viajado a Monterrey, a una reunión con gobernadores panistas, a bordo de un avión del gobierno federal.

En ese contexto de beligerancias panistas también ha de inscribirse el enojo que ha provocado el presunto destape de Ernesto Cordero en algunos de los aspirantes a la candidatura de blanco y azul a la presidencia, quienes creen ver piso disparejo, es decir, favoritismo de Los Pinos. Alonso Lujambio ha saltado para asegurar que el Cordero de Hacienda no es el candidato oficial. Santiago Creel ha hablado de rechazar la cargada, y Josefina Vázquez Mota precisa que en el PAN no hay precandidaturas únicas.

Y, mientras van cayendo involucrados en el asesinato del hijo del poeta Sicilia, como si así desde el gobierno federal creyeran que van quitando razones y legitimidad a la caravana en preparación, ¡hasta mañana, con el secretario federal de salud empeñando todos sus esfuerzos en ser candidato al gobierno de Guanajuato (¿ayudará a la campaña alguna firma internacional productora de vacunas?)!

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