Ante el presidente Felipe Calderón, Rafael Ruiz Lustre, ex dirigente de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos, interrumpió el protocolo oficial para demandar una auditoría al secretariado técnico para las personas con discapacidad, ante la presunción de manejos irregulares, y denunciar que este sector está secuestrado por cinco dirigentes.

Cuando el mandatario federal se disponía a firmar el decreto de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Ruiz –quien es invidente– se puso de pie y expresó: Perdón por el exabrupto de la interrupción del protocolo, pero si no lo digo ahora que puedo expresar la voz de muchos que no la tienen, no va a ser nunca.

Durante siete minutos, Ruiz, quien se presentó como consejero consultivo de las personas con discapacidad, aseguró ayer a Calderón que cinco organizaciones utilizan los espacios de representación de este sector, “a la manera de un cártel”, por lo que pidió participación abierta y trato más equitativo.

Al final, el Presidente comentó algo rápido con él y ya no aludió al tema en su discurso. Después de señalar, como siempre, que estaban en la casa de todos los mexicanos, se congratuló con la promulgación de la nueva ley pero reconoció la necesidad de hacer un cambio de mentalidad para incluir a un sector que ha sufrido injusticia, desigualdad y discriminación.

Contra la discriminación

Con la nueva legislación –explicó– se abandona la política asistencialista por una de derechos humanos; se eleva a rango de ley la prohibición explícita de tratar de manera discriminatoria a quienes tienen alguna discapacidad y se etiquetan recursos para su atención.

También –dijo–, el marco jurídico se armoniza con la convención de la ONU para ese sector y se crea formalmente el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conformado por representantes del gobierno y de este grupo en cada entidad.

Antes de la intervención del Ejecutivo federal, Ruiz Lustre había hecho a un lado –como él mismo dijo– el protocolo, que sólo permite la intervención de Calderón y de algunos miembros del podio, y aprovechó para expresar su inconformidad por el manejo de los recursos en el secretariado técnico.

Es necesario tomar la palabra, porque también la discapacidad está secuestrada. Ya son muchos años que cinco personas siguen manejando, no digo bien o mal, los propios resultados lo dicen, y no tenemos un solo producto tangible del cual podamos gozar.

Ante la sorpresa del Presidente, que junto con su esposa, Margarita Zavala, se mantuvo de pie en el sitio donde iba a firmar el decreto y volteaba con gesto serio para escuchar a Ruiz, éste siguió narrando que muchas personas se quedaron fuera de las oficinas de Presidencia porque no las dejaron entrar.

A la mitad de su intervención, un empleado mostró la intención de entregarle un micrófono, pero el jefe de ayudantes del Estado Mayor Presidencial, Mario Castro, le hizo una señal en sentido negativo y ya no se lo dio. Pero quien traducía con lenguaje de señas para sordomudos siguió con su labor mientras Ruiz hablaba.

Como último punto solicitó la intervención presidencial para que se aplique una auditoría y se cuantifique y califique los logros del consejo encabezado por Francisco Cisneros. Con la frase: mil disculpas, señor Presidente, remató su intervención y se escucharon varios aplausos.

En la entrevista, Ruiz indicó que se han gastado 250 millones de pesos en brindis, celebraciones y viajes, sin dar cumplimiento a las metas trazadas en los programas.

Consideró que el tema no se ha revisado, porque al señor Presidente le muestran el cofrecito ya cerrado. ¿Qué hay debajo de la alfombra? ¿Qué hay dentro del cofre? Hay que hacer una auditoría de cómo se han conducido, insistió.

Reprochó al senador Guillermo Tamborrel Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que se haya aprobado una ley a modo de estos grupos.

Tamborrel declaró después a la prensa que la ley sí está a modo, pero para las personas con discapacidad, y atribuyó la confusión a que los primeros participantes de la asamblea consultiva serán designados por los gobernadores, pero sólo estarán en el cargo seis meses.