El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó, en 592 expedientes analizados, sancionar a 108 funcionarios, entre los que destacan 14 magistrados, 18 jueces, 13 secretarios de tribunal y 26 secretarios de juzgado, pero ninguno de ellos por actos de corrupción o enriquecimiento ilícito, la mayoría incurrió en falta de profesionalismo.

De acuerdo con información del CJF, de marzo de 2009 a marzo de 2011, la revisión de 2 mil 592 expedientes derivó en sanciones en contra 108 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, 32 fueron mujeres y 76 hombres.

En 80 casos las anomalías descubiertas fueron consideradas no graves y en 28, graves; las entidades de la República en las que se registraron mayor número de sancionados fueron: Distrito Federal, con 18; estado de México, ocho; Quintana Roo, ocho; Guerrero, siete; y Jalisco seis.

Los estados en los que no se emitió ningún castigo son: Baja California Sur, Colima, Durango, Tamaulipas y Yucatán.

Las sanciones aplicadas fueron de la siguiente manera: 21 apercibimientos privados; un apercibimiento público; siete amonestaciones privadas; 32 amonestaciones públicas; 35 suspensiones; 10 inhabilitaciones; ocho destituciones y tres sanciones económicas.

Un total de 72 de los 108 sancionados del Poder Judicial de la Federación incurrieron en falta de profesionalismo; dos en dilación en el proceso; ocho en dilación en la resolución; cuatro en notoria ineptitud; tres en notorio descuido; seis, falta de imparcialidad en el desempeño de la función judicial; cuatro, ejercicio indebido de funciones; cuatro, por falta de respeto al superior o subordinado; otros cuatro por abandono de funciones.

Asimismo dos servidores públicos fueron sancionados por deshonestidad, uno por acoso laboral; dos por disposición de numerario para su beneficio; dos por ejercer otro empleo prohibido por la ley; uno por hostigamiento sexual y dos casos de abuso de poder.

En estos casos fueron sancionados cinco jueces de distrito y 10 magistrados de circuito fueron suspendidos temporalmente de sus cargos, por incurrir en conductas principalmente vinculadas a la falta de profesionalismo, notoria ineptitud, hostigamiento laboral y falta de respeto a sus subordinados.

En junio de 2010 el Consejo de la Judicatura sancionó a José Segundo Otero, responsable del Órgano de Administración, vigilancia y disciplina, por laborar con un título falsificado, motivo por el cual la Procuraduría General de la República obtuvo una orden de captura en su contra.

El pasado 25 de mayo el CJF no ratificó en su cargo al magistrado Miguel Ángel Ramos Pérez, al encontrarlo culpable de hostigar laboralmente a una funcionaria que estaba bajo sus órdenes. El Órgano del Poder Judicial de la Federación consideró que su desempeño como impartidor de justicia no se ajustó a los principios de excelencia y profesionalismo.