umentar el número de niños atendidos fue el argumento con que el tecnócrata Santiago Levy (hoy asesor de Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto) inclinó en 2002 a Vicente Fox para generalizar la subrogación de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ocho años después, ese argumento había rodado miserablemente por los suelos.

En 2010, el IMSS-Karam debió reconocer que apenas atendía 204 mil infantes y que la demanda potencial estaba muy lejos de ser siquiera vislumbrada: se requeriría abrir 731 mil lugares más. La cobertura del modelo letal de subrogación-Levy no llegó ni a 25 por ciento en casi una década. Entre 2000 y 2009 se incorporaron 89 mil niños más con 669 nuevas guarderías, todas ellas subrogadas. Éstas aumentaron de 757 a mil 426, mientras las propias siguen siendo las mismas 142 que estaban disponibles en 2000. Y, sin embargo, en septiembre de 2010 Daniel Karam sostuvo que el seguro de guarderías está ligeramente desfinanciado y se convierte en una imposibilidad de ampliar la capacidad de repuesta.

Pero los verdaderos costos del modelo Levy se materializaron el 5 de junio de 2009 en la tragedia de Hermosillo: 49 infantes muertos y 101 lesionados.

Un año después, la respuesta del IMSS-Karam –apoyado en la multicuestionada Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles– contemplaba el desarrollo de un modelo de corresponsabilidad para que sean los propios padres de familia quienes revisen las condiciones en que opera la guardería en donde dejan a sus hijos. ¿Y entonces para qué pagaron su cuota al IMSS? Además de los costos del modelo letal-Levy, ¿ahora deberán también asumir como ¡testigos ciudadanos! el trabajo del IMSS? Y lo peor: por su intervención la responsabilidad será compartida.

Sólo faltaba que las vergonzosas y marrulleras gestiones ante los ministros de la SCJN del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y del ¡finalmente! defenestrado politólogo Juan Molinar Horcasitas –coordinadas estratégicamente desde la Dirección Jurídica del IMSS– fructificaran precipitando un penoso dictamen que exoneró a los responsables.

Como señaló el 18 de junio de 2010 Gómez Mont, un funcionario público sólo debe responder por el tramo de control que le corresponde. Es muy poco probable que la PGR o la Procuraduría de Sonora finquen responsabilidad penal a Molinar y Karam. Las guarderías subrogadas no están en riesgo de desaparecer.

No pudo sorprender que –en junio de 2010– los padres de las víctimas del incendio anticiparan a los legisladores una propuesta para establecer la Ley General de Estancias Infantiles, eliminar el esquema de subrogación, reconocer en la Constitución el derecho de educación inicial conservando las características de gratuidad y de derecho social reconocidas en el artículo 123 constitucional. Una ley en los términos descritos, comunicaron, llevará a detener y proscribir el indebido proceso privatizador, como lo es el resultante de la subrogación instrumentada por el IMSS. Amparando el dilatado y abigarrado universo (a agosto 2010) de 275 Estancias de Desarrollo y Bienestar Infantil del ISSSTE, las mil 718 del IMSS, los 2 mil 779 Centros de Atención Infantil del DIF y las 8 mil 853 estancias changarro de Sedesol.

Lamentablemente –después de resolver que la subrogación letal del IMSS es legal y rechazar la existencia de un desorden generalizado en el sistema de guarderías–, el fallo de la SCJN del 16 de junio de 2010 que determinó que Molinar Horcasitas, Karam y Eduardo Bours no están vinculados en violación grave de garantías individuales, cayó como balde de agua helada sobre las iniciativas.

Para decirlo con las justas palabras de Reyes Heroles: Si la exigencia es justicia, entonces tenemos que controlar el coraje y encarar con frialdad los hechos. En el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, la responsabilidad es inexistente. Completadas con la opinión de Sergio Sarmiento: El fallo será impopular; pero, me parece, es jurídicamente correcto.

De inmediato, el IMSS-Karam pagó desplegados para comunicar la atención médica vitalicia a los niños de la Guardería ABC, mientras el priísta Beltrones reiteraba que las indagatorias deberán continuar de oficio en la PGR y en la Procuraduría General de Justicia de Sonora.

En su calidad de secretario de Gobernación, Gómez Mont puntualizó que la resolución de la Corte no anula los procesos penales que siguen la PGR y la Procuraduría de Sonora, mientras Salvador Vega Casillas, desde la Función Pública, agregó que si la Corte ya dio su fallo, nosotros no tendremos materia para hacer nada más.

Días después los padres de las víctimas abandonaron una reunión en la que Felipe Calderón pretendía resolver con dinero en vez de darnos justicia, mientras los episodios riesgosos seguían aconteciendo en las guarderías subrogadas del IMSS.

Apenas el 26 de mayo de 2011, en el mismo Hermosillo, fue desalojada la guardería Caminito Feliz, por otro incendio.

E increíblemente, el 18 de noviembre de 2010 apareció en el Diario Oficial de la Federación la versión final del dictamen del ministro Sergio Valls –a cargo del engrose del expediente– omitiendo los nombres de todos los involucrados.

Protestas, manifestaciones, ayunos y huelgas de hambre no han cesado, mientras los padres de las víctimas siguen promoviendo iniciativas de ley para el cuidado infantil.

El 30 de noviembre Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella –socia de la Guardería ABC– fue absuelta de su responsabilidad por un tribunal de Sonora y el 7 de enero de 2011 Molinar Horcasitas fue removido de la SCT. ¿Y la PGR de Calderón y Marisela Morales Ibáñez?

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco