Guanajuato, Gto., 26 de mayo. El Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad tipificar el feminicidio como delito y castigarlo con penas de 25 a 35 años de cárcel; sin embargo, las sugerencias de organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron excluidas de la reforma al Código Penal estatal.

La redacción de la iniciativa dictaminada por las comisiones unidas de justicia y gobernación fue modificada por el pleno a propuesta de la diputada priísta Alicia Muñoz Olivares.

Desde esta soberanía se debe actuar para establecer un marco normativo que dé respuesta a esas víctimas de violencia, mediante un tipo penal que someta a juicio a los autores de conductas que atentan contra la vida de mujeres, sostuvo la legisladora en tribuna.

La propuesta de la priísta fue respaldada por la mayoría de diputados panistas que, en voz de Bricio Balderas Álvarez, expresaron su voluntad para que se legisle el feminicidio.

“Estuvimos pendientes de que en la configuración del tipo penal del feminicidio no se incluyeran elementos subjetivos que hicieran complicada e incluso imposible su acreditación y, en consecuencia, generaran impunidad”, sostuvo Balderas.

La iniciativa original señalaba que se configuraba el delito de feminicidio cuando la víctima sea mujer, se le mutile, se le denigre, se le aísle o violente sexualmente antes de privarla de la vida.

La redacción del artículo 153-a fue modificada y el pleno determinó que se considere feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer, y sea incomunicada o violentada sexualmente, vejada o mutilada, o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella.

Desde que una comisión especial integrada por los tres poderes del estado inició el análisis para reformar el Código Penal de Guanajuato, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez envió una propuesta para que el tipo penal del feminicidio fuera completo y fácil de acreditar.

Sin embargo, los diputados no tomaron en cuenta la relación por afinidad o cosanguínea del feminicida con la víctima, el hecho de que el cuerpo presente lesiones inflamantes o mutilaciones, que haya sido abandonado o exhibido de cualquier forma, y tampoco los antecedentes de amenazas, hostigamiento o lesiones ni cualquier otro tipo de violencia.

De acuerdo con la organización civil, debían considerarse agravantes del feminicidio que la víctima sea menor de edad, migrante, indígena, discapacitada o esté embarazada; cuando el delito sea cometido por un funcionario o cuando el agresor hubiera tenido una relación de supra o subordinación con la víctima.

El tipo penal fue aprobado al vapor y se corre el riego de que haya impunidad al no considerar aspectos propuestos por las organizaciones sociales, refirió la directora del Centro las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

De 2008 a la fecha se han cometido en Guanajuato 142 feminicidios y en lo que va de 2011 suman 18 crímenes contra mujeres, los más recientes perpetrados en Celaya, donde las víctimas fueron desmembradas y dejadas en la vía pública.

Por otra parte, el Congreso de Guanajuato votó en contra de la reforma sobre derechos humanos aprobada por el Congreso de la Unión, la cual garantiza que no se discriminará a los mexicanos por sus preferencias sexuales.

El dictamen que rechaza la reforma constitucional avalada por diputados y senadores fue aprobado por el Partido Acción Nacional, con apoyo del Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza. Los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática votaron en contra.