Este miércoles Luis Arriaga Valenzuela, después de cinco años al frente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, concluye su periodo en la organización. En su gestión se defendieron casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, entre otros, el de la defensora de inmigrantes Concepción Moreno Arteaga; el de Santiago de Los Caballeros, y el de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a agentes de la AFI.

Otros casos fueron el del recurso a las instancias internacionales por la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; el tema de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos en la denominada guerra sucia; la impunidad en el caso de los mineros de Pasta de Conchos, y el de la tortura sexual en Atenco y la defensa de un militar con sida que había sido despedido injustamente.

Hoy al mediodía, en el Centro Pro, organismo jesuita, se le rendirá un reconocimiento por su labor al frente de esa institución. Arriaga Valenzuela presentará un informe de su gestión con las principales actividades, dedicado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que confiaron en el Centro Pro DH, porque ellas y ellos son los que alientan nuestro compromiso por la justicia.

Primero, el sacerdote Luis Arriaga fue director adjunto, y los últimos cuatro años ocupó la titularidad del Centro Pro. En este periodo se atendieron más de mil 150 casos en los que se dio asesoría jurídica, seguimiento, se emitieron acciones urgentes, misiones de observación, se documentaron casos y se llevó la defensa integral.

Concepción Moreno Arteaga, quien fue acusada por agentes de la AFI de encontrarla en flagrante comisión de delito, porque estaba alimentando a migrantes, fue detenida en 2005. En un proceso lleno de irregularidades se le condenó a seis años de prisión. En 2007 obtuvo su libertad, por la defensa que realizó este centro.

Luis Arriaga, entrevistado en febrero pasadoFoto Marco Peláez

En lo que se refiere a la tortura sexual cometida contra 26 mujeres en Atenco, el Pro asumió la defensa de 11 de ellas, y se llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También este centro impulsó la defensa del caso de Santiago de Los Caballeros: abusos militares en contra de civiles e impunidad. El 28 de marzo de 2008 uniformados abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban seis civiles, las víctimas no iban armadas ni cometieron ningún acto ilícito. En 2008, el Pro asumió la defensa.

Por lo que se refiere a las mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, el Pro asumió el caso porque ellas fueron acusadas injustamente de haber secuestrado a seis elementos de la AFI y sentenciadas a 21 años de prisión. Amnistía Internacional enarboló el caso de Jacinta como prisionera de conciencia, en 2010 fue excarcelada, y posteriormente también fueron liberadas Alberta y Teresa por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Centro Pro llevó ante la CIDH el caso de los ecologistas presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Por defender los bosques fueron víctimas de detención arbitraria y tortura a manos del Ejército en 1999. En 2001, con la llegada del presidente Vicente Fox fueron liberados por razones humanitarias ante la presión nacional e internacional, pero no se reconoció su inocencia. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones a la libertad personal, integridad y protección judicial.

El Pro también llevó a la CIDH la desaparición forzada de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida el 5 de enero de 1979. También asumió el tema de Pasta de Conchos, y en 2010 junto con el Cereal llevó este caso ante la CIDH.