En el segundo día del foro internacional: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), denunció que el año pasado oficiales de protección a la infancia, del Instituto Nacional de Migración (INM), intentaron criminalizar la labor del sacerdote Alejandro Solalinde, y para ello distorsionaron declaraciones de cuatro pequeños para separarlos de su madre y acusarla de traficante de menores con ayuda del religioso.

Axel García Carballar, representante de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, relató ante cónsules de embajadas centroamericanas, funcionarios de organismos internacionales –como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados– y nacionales –entre ellos el DIF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, que los agentes de protección a la infancia “reportaron al Ministerio Público de la Federación que los niños habían manifestado que la señora con la que viajan no era su madre y que habían sido aleccionados –por Solalinde– en el albergue para migrantes en el que durmieron, para que dijeran que ella no era su madre, cuando en realidad lo era”.

Esos agentes, aseveró el organismo dependiente de la CEM, quisieron criminalizar la labor de ayuda al migrante de Alejandro Solalinde, y por ello tergiversaron las declaraciones de los menores. Los funcionarios de INM le dijeron a los menores “que ella no podía ser su mamá, porque era morena y ellos de tez blanca.

Los detuvieron; a la mamá y a su acompañante los enviaron a la Procuraduría General de la República (PGR), y a los niños los canalizaron a albergues del DIF, separados. Los nombres de los funcionarios del INM son: Sandra Mirelly Sánchez López, subdelegada local; Ángeles Arián Ruiz Villareal, agente; Rigoberto García, y Obed Jiménez, todos bajo la supervisión de Omar Adrián Heredia Mariche, delegado regional.

Recomnedación de la CNDH

De este caso, informó la CEM, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, luego de realizar la investigación, emitió la recomendación 23/2011, en la que sostiene que se violaron los derechos humanos a la legalidad jurídica, procuración de justicia, debido proceso de cinco menores, de su mamá y de su acompañante. Se constató que hubo ejercicio indebido de la función pública.

También dio a conocer testimonios que niños migrantes han referido en las casas de migrantes de la pastoral: Se subió al techo del tren una señora que traía a su bebé como de dos años; lo traía abrazado en sus manos. A la mitad de la noche, sólo pudimos observar que el sueño le ganó por el hambre y el cansancio. Sólo vimos que el pequeño se le salió de los brazos y resbaló a las vías. Al darse cuenta ella gritó y se aventó a las vías.

Otro relato de los migrantes menores que viajan solos: “Esa noche hubo fiesta. Lo supo por el sonido que retumbaba en la ventana y por las mujeres desnudas que vio caminar por el pasillo. Ahí se enteró que en la otra habitación estaba ocupada por ellas. Oyó que cuatro eran de El Salvador, dos de Nicaragua, una de Honduras y siete eran mexicanas.

Las sacaban para hacer lo que querían con ellas. Las golpeaban, las maltrataban, las violaban. Incluso las tenían desnudas todo el tiempo, cuenta el menor.

“Alexis –es su nombre– las vio ir y venir toda la madrugada. Sus llantos se hacían notar entre la música y las carcajadas. Regresaban tambaleándose. La más morra (joven) tenía como 16 años; la más grande era como de mi edad”, recuerda el adolescente. “El último día sólo quedaban cinco de ellas. No supe qué pasó…”

La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana pidió que se investigue la venta de las y los menores a redes de trata laboral y sexual por parte de sus padres o familiares en el poblado guatemalteco del Soconusco.

El padre Ademar Barilli, coordinador de la Casa del migrante en Tecún Uman, Guatemala,  aseveró: Se requiere que se cumplan los acuerdos y tratados internaciones de protección a los migrantes y a sus derechos. Estoy harto de la gente que quiere seguir haciendo estudios sobre migración. Estudios los hay; lo que se requiere son compromisos reales y funcionarios con convicción en su trabajo.

Cuestionó: Desde hace años se hacen foros, he participado en muchos y, ¿qué se hace? No hay avances en la protección de los derechos de los migrantes. Lo más fácil para los gobiernos es devolver a los menores y adolescentes que viajan solos. Pero, ¿y el interés superior del niño? Los menores van en busca del padre o la madre que está en Estados Unidos trabajando, y que dejaron a sus hijos encargados con la abuela, con la tía o con la hermana mayor, aunque apenas sea una adolescente.

“Quién –preguntó el religioso– decide devolver a los niños a su lugar de origen. Si su abuela que lo cuidaba ya murió. ¿Cómo devolver, a quién, a qué?”

La cónsul de Honduras en Chiapas denunció que ha recibido amenazas desde que evidenció que mujeres hondureñas, adolescentes y adultas, son engañadas y sometidas a la trata sexual de personas. Ya hemos conocido varios casos. La Fiscalía Especial en Chiapas se molestó por la denuncia que hice, pero ya son entre ocho y nueve casos.

Por las denuncias que hizo, “recibí amenazas, y tengo medidas de protección –policías que la custodian–, pero tengo miedo; sin embargo, voy a seguir haciendo mi trabajo en favor de los derechos de los migrantes”.