Tras reconocer que las cosas están funcionando mal en la política migratoria, a la luz de lo ocurrido en Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón confió en que se corrijan con la nueva ley promulgada ayer y el proceso de depuración que ofreció acelerar en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Después del cese de 200 funcionarios migratorios implicados en actos de corrupción, prometió que quien viole la ley será llevado ante la justicia, porque es ofensivo e inadmisible que existan autoridades que violen los derechos humanos o incluso se coludan con los delincuentes.

También advirtió que mientras Estados Unidos no tenga un marco legal que permita que este flujo migratorio natural se encauce de manera legal y ordenada, los migrantes seguirán corriendo el riesgo de ser parte de un mercado manejado por criminales sin escrúpulos.

Calderón promulgó esta ley ante políticos de varios partidos: el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín; la coordinadora del PAN en ese órgano legislativo, Josefina Vázquez Mota, y los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines; de Tabasco, Andrés Granier, y de Quintana Roo, Roberto Borges.

De igual forma, acudieron representantes de otros poderes y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, quien evitó a la prensa al salirse por la puerta trasera del salón Adolfo López Mateos.

Centro de control de confianza

La nueva ley, explicó, pone fin a la criminalización de los migrantes, lo que por muchos años se había pedido a Estados Unidos. Además obliga a los tres órdenes de gobierno a coordinarse para perseguir y prevenir delitos contra los migrantes, y establece la creación de un centro nacional de control de confianza, que evaluará al personal del sector.

Asimismo incluye sanciones para las autoridades migratorias que violen los derechos de los migrantes y elimina disposiciones que favorecían la arbitrariedad y la ambigüedad, y propiciaban la corrupción de los servidores públicos y la extorsión de indocumentados.

También consagra el interés superior del niño, que debería extenderse a muchos ordenamientos legales en el país.

En el contexto de la purga de agentes iniciada en días pasados en el INM, Calderón señaló que ordenó al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, acelerar este proceso e informar sistemáticamente del avance.

El reconocimiento de que la política migratoria de México funciona simple y sencillamente mal se dio a partir de que aludió al asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en agosto de 2010 por sicarios del cártel de Los Zetas. Y luego en abril de 2011 a la ubicación en el mismo estado de 40 fosas con 183 cadáveres, varios de los cuales se piensa que eran de migrantes que viajaban hacia la frontera con Estados Unidos.

Calderón insistió en que la ley, aprobada por todos los partidos, corrige lo que está mal y, por ejemplo, evita que la división de competencias sea un pretexto para no atender los delitos  ofensivos y graves cometidos contra quienes migran, como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y la violación.

Antes, Olga Sánchez Martínez, fundadora del albergue Jesús el buen pastor del pobre migrante, expresó en varias ocasiones que la ley es de gran ayuda, siempre y cuando se busque eliminar la corrupción que margina a los indocumentados.

Se quejó del comportamiento de algunos agentes, porque han cometido injusticias y muchos delitos, como privación de la libertad por meses a los extranjeros en las estaciones migratorias, con la promesa de darles órdenes de salida que les permitan transitar por territorio nacional.

Contó que hace tiempo la señalaban como pollera por dar cobijo a los migrantes, y la acusaban de enriquecerse y de violar la ley, cuando sólo cumplía con la obligación de ayudarlos.

El priísta Ramírez Marín demandó que las instancias del Ejecutivo responsables de instrumentar estas políticas correspondan al espíritu de la ley.

Por suparte, la canciller Patricia Espinosa comentó que la Ley de Migración que promulgó el presidente Calderón es un nuevo ordenamiento que protege los derechos de los migrantes en territorio nacional.

En su cuenta de Twitter, sostuvo que al descriminalizar el fenómeno migratorio en México, la ley acaba con factores que hacían vulnerables a los indocumentados.

Consideró como un acto de congruencia, que implica dar a migrantes extranjeros el trato que exigimos para nuestros paisanos en el exterior. La nueva legislación debe ser el inicio de una nueva etapa, la protección de los derechos humanos.